La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó este martes una nueva reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública, enviada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un nuevo intento por reforzar su control sobre los órganos fiscalizadores del Estado.

La reforma modifica el periodo de gestión de los miembros del Consejo Superior de la Contraloría, ampliándolo de cinco a seis años y permitiendo su reelección, además de otorgarles inmunidad política durante su mandato. En lugar del esquema anterior de presidente y vicepresidente, el nuevo diseño establece las figuras de copresidente y copresidenta, ambos designados directamente por la pareja presidencial y luego juramentados por la Asamblea.

La nueva composición del Consejo Superior contempla tres miembros propietarios y tres suplentes, en lo que analistas califican como una fórmula que refuerza la subordinación del ente fiscalizador al poder ejecutivo, debilitando aún más la independencia institucional.

Cambios tras purga interna

El contexto de esta reforma incluye la reciente y abrupta remoción de al menos 90 trabajadores de la Contraloría, muchos de ellos en áreas clave como administración y finanzas, bajo acusaciones genéricas de corrupción. También coincide con la “renuncia inmediata” de la contralora María José Mejía García, una de las funcionarias con más tiempo en el órgano fiscal.

Además de reorganizar la estructura de poder interna, la reforma otorga a la Contraloría nuevas facultades para emitir normativas, hacer públicas sus investigaciones y remitir expedientes al Ministerio Público cuando se presuman delitos penales.

Durante la sesión, el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, justificó los cambios como una medida para evitar “robos y pérdidas” dentro del Estado. “Necesitamos una Contraloría que actúe en tiempo real, que tenga una acción preventiva”, dijo, sin hacer referencia a la purga ni a los señalamientos de subordinación política.

Sin embargo, organizaciones independientes y expertos en derecho constitucional advierten que estas reformas, lejos de fortalecer el control institucional, consolidan una estructura leal al régimen, eliminando los últimos vestigios de autonomía en un órgano vital para la transparencia del uso de los recursos públicos.