Los únicos que pueden ejecutar una confiscación en Nicaragua son los policías, ni los jueces nicaragüenses que ventilan casos civiles sobre propiedades pueden desalojar o embargar un inmueble, así lo dicta Una circular interna firmada por el comisionado Francisco Díaz Director de la Policía Nacional y consuegro de Daniel Ortega.

La disposición indica que hay instituciones que han aprovechado el robo de propiedades nivel estatal, para despojar a otros. La dictadura no lo hace por justicia, sino por control, porque la única entidad que goza de la confianza de ortega y Murillo es la policía. Mientras el operario político Victoriano Díaz también tiene esa competencia.

Con la circular que ordena nuevas disposiciones que restringen la ejecución de órdenes judiciales relacionadas con deudas, embargos, desalojos y litigios de propiedad. El documento, con fecha 4 de mayo de 2025, instruye a los jefes policiales del país a no ejecutar capturas ni ocupaciones de bienes sin previa autorización de Díaz Madriz o del comisionado general Victoriano Ruiz Urbina.

Según el contenido de la circular, toda orden de embargo, desalojo u ocupación de propiedades, incluso las relacionadas con delitos como estafa, estelionato o usurpación de dominio privado, deberá ser revisada y autorizada directamente por la alta jefatura policial.

La disposición también se extiende a órdenes de captura vinculadas a delitos patrimoniales, las cuales deberán ser informadas y autorizadas antes de su ejecución. La circular solo oficializa el sometimiento de facto del poder judicial. La nueva piñata sandinista devela el carácter delincuencial de la dictadura, viejas mañas quedan expuestas ante la ciudadanía y la comunidad internacional que los reconoce como ladrones.

Cualquiera con un buen contacto policial quedará impune

Expertos en la materia indican que la nueva disposición del régimen pone en riesgo el cumplimiento de órdenes Judiciales en relación al pago de deudas, es decir cualquiera que cometa un estelionato o estafa, desvíe prenda o decida no honrar una garantía hipotecaria, puede librarse de la justicia si tiene un buen contacto policial.

El mensaje que se está enviando, sobre todo a los Bancos es que tiene que pedir permiso a la autoridad policial para que los uniformados acompañen a un juez a hacer un embargo. “En la práctica, esto significa que es Ortega quien autoriza o deniega, y es una prueba de la intervención del sistema de garantías”, explica un abogado.

También indica que solamente “pusieron en un papel lo que ya se sabe, lo que es práctica común en Nicaragua desde hace tiempo, y que además pone en riesgo la gestión de créditos en el país, ¿Qué inversionista o fondeador internacional le va a prestar dinero a un banco en Nicaragua?”, sabiendo que no hay seguridad jurídica.

La dictadura continúa consolidando un poder absoluto entre sus más allegados y las instituciones con las que mantiene el control y poder, La Policía y El Ejército. No solo como instrumentos de represión, ahora con poderes que permiten asegurar un mayor control y discrecionalidad de la dictadura para aplicar las leyes según su conveniencia.