El régimen de Daniel Ortega volvió a provocar tensiones con Estados Unidos tras la confiscación de un plantel de procesamiento minero perteneciente a la empresa BHMB Mining, una compañía de capital estadounidense-canadiense cuya inversión estaba valorada en aproximadamente 80 millones de dólares.

La operación, denunciada por abogados y funcionarios estadounidenses, fue ejecutada a través de la Procuraduría General de la República, dirigida por Wendy Morales, que formalizó la transferencia de los activos a la empresa china Zhong Fu Development, una maniobra que ha sido calificada por analistas como una señal alarmante de inseguridad jurídica en Nicaragua.

La confiscación generó fuertes reacciones en Washington. El enviado especial para Misiones Especiales del presidente estadounidense, Richard Grenell, calificó la medida como “inaceptable”, al referirse a la apropiación del plantel minero perteneciente a la compañía extranjera.

En una publicación en la red social X, Grenell compartió el mensaje del abogado estadounidense Jason Ian Poblete, quien denunció que la operación constituye una confiscación directa de propiedad vinculada a capital estadounidense.

“Más allá de la corrupción, se trata de la confiscación directa de propiedades estadounidenses”, advirtió Poblete, señalando que acciones de este tipo representan una señal de alto riesgo para la inversión extranjera en el país.

Según reportes del diario La Prensa, la apropiación del plantel minero se concretó formalmente el 18 de septiembre de 2025, mediante actuaciones del Ministerio de Energía y Minas, que facilitaron el traspaso de la infraestructura minera a la empresa china.

El gerente de BHMB Mining, Baruch Rapoport, denunció que dos empresas Zhong Fu Development y Santa Rita Mining habrían impulsado el proceso que terminó con la confiscación de los activos de la compañía.

“En nuestro caso, una empresa de origen estadounidense, con inversión registrada y operaciones legales, fue cerrada, sus activos confiscados y el control de facto de sus instalaciones transferido a entidades vinculadas a empresas chinas que además recibieron concesiones significativas”, afirmó Rapoport.

Por su parte, la Procuraduría General de la República defendió la operación. En un pronunciamiento emitido el 21 de febrero, aseguró que el otorgamiento de concesiones mineras se realizó bajo “principios de debido proceso, transparencia y publicidad”, y calificó de “mal intencionadas” las denuncias que cuestionan la legalidad de la medida.

Sin embargo, analistas advierten que el caso puede agravar la percepción internacional de inseguridad jurídica en Nicaragua y profundizar el deterioro de las relaciones entre Managua y Washington.

Poblete señaló que cuando un régimen confisca inversiones vinculadas a capital estadounidense, suelen producirse reacciones políticas y económicas desde Estados Unidos, un escenario que podría volver a colocar al régimen de Ortega bajo mayor presión internacional.

Las declaraciones también sugieren que el caso podría llamar la atención de la administración del presidente Donald Trump, en un momento en que las relaciones entre Washington y Managua atraviesan uno de sus períodos más tensos, marcado por sanciones contra funcionarios cercanos al régimen y críticas directas contra la figura de Rosario Murillo.

Para analistas, la confiscación de la minera no solo representa un golpe a la inversión extranjera en Nicaragua, sino también un nuevo capítulo en la creciente confrontación entre el régimen sandinista y Estados Unidos.