Lejos de ceder ante las sanciones internacionales o atender las exigencias de democratización impulsadas por Estados Unidos y organismos internacionales, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa expandiendo agresivamente el negocio del oro en Nicaragua.

La más reciente muestra de ese desafío ocurrió con la entrega de una nueva concesión minera a la empresa china Nicaragua Xiajing Minería Group S.A., convirtiéndose en la décima licencia otorgada a capitales chinos incluso después de las sanciones impuestas recientemente por Washington contra operadores vinculados al sector aurífero nicaragüense.

La nueva concesión abarca cerca de 43 mil hectáreas, equivalentes a más de 426 kilómetros cuadrados, una extensión territorial considerablemente superior al tamaño de Managua. La magnitud del permiso vuelve a encender alarmas entre ambientalistas, opositores y analistas que consideran que Ortega apuesta por blindarse económicamente mediante alianzas estratégicas con China y Rusia.

El oro como salvavidas financiero del régimen

Desde el inicio de la crisis sociopolítica de 2018, el régimen sandinista ha encontrado en la minería aurífera uno de sus principales mecanismos de supervivencia económica.

Con sanciones internacionales acumulándose, aislamiento diplomático creciente y una economía golpeada por años de crisis política, el oro se ha convertido en una fuente vital de ingresos para sostener la estructura del oficialismo.

Las exportaciones de oro han adquirido un peso estratégico dentro del modelo económico impulsado por Ortega y Murillo, especialmente tras el deterioro de relaciones con Estados Unidos y Europa.

Por ello, lejos de desacelerar la explotación minera ante las sanciones, el oficialismo parece decidido a profundizarla.

Analistas consideran que las nuevas concesiones evidencian que el régimen no solo ignora las presiones internacionales, sino que intenta enviar un mensaje político de resistencia y desafío frente a Washington.

China gana terreno en Nicaragua

La creciente entrega de concesiones a empresas chinas confirma además el fortalecimiento de la alianza entre Managua y Beijing.

Desde que Ortega rompió relaciones con Taiwán y restableció vínculos con China en 2021, las empresas vinculadas al gigante asiático han comenzado a ganar espacios estratégicos dentro de sectores clave de la economía nicaragüense.

Infraestructura, telecomunicaciones, transporte y minería forman parte de los nuevos intereses económicos chinos en el país.

Ahora, el negocio del oro aparece como uno de los pilares más importantes de esa relación.

Críticos del régimen consideran que Ortega busca utilizar capital chino para compensar el impacto financiero de las sanciones occidentales y sostener políticamente a la dictadura.

La estrategia, sin embargo, también incrementa las preocupaciones internacionales sobre la influencia geopolítica de China en Centroamérica y el creciente aislamiento de Nicaragua respecto a democracias occidentales.

Concesiones bajo cuestionamientos ambientales

El avance de la minería también ha provocado fuertes denuncias ambientales y sociales.

Muchas de las concesiones otorgadas por el régimen abarcan áreas protegidas, territorios indígenas y comunidades afrodescendientes, donde organizaciones ambientalistas denuncian daños ecológicos, deforestación y contaminación de fuentes hídricas.

Además, comunidades afectadas han denunciado la ausencia total de consultas públicas y la falta de transparencia en la entrega de permisos.

Diversos sectores sostienen que el régimen prioriza desesperadamente los ingresos económicos sobre cualquier consideración ambiental o comunitaria.

Para organizaciones defensoras de derechos humanos y territoriales, el modelo extractivista impulsado por el orteguismo reproduce patrones de imposición autoritaria y concentración de poder económico.

Las sanciones que golpearon al negocio aurífero

A mediados de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos anunció nuevas sanciones dirigidas contra operadores clave del negocio minero en Nicaragua.

Entre los sancionados figuran dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, un viceministro, otros funcionarios cercanos al oficialismo y siete empresas vinculadas a la extracción y comercialización de oro.

Washington sostiene que estas estructuras económicas ayudan a financiar la maquinaria represiva del régimen y permiten mantener el control político sobre el país.

Las medidas forman parte de una estrategia más amplia para aumentar la presión sobre el círculo cercano de Ortega y debilitar las fuentes financieras de la dictadura.

Sin embargo, la respuesta del oficialismo ha sido avanzar todavía más rápido en la entrega de concesiones.

Un régimen atrincherado en el extractivismo

Mientras organismos internacionales continúan exigiendo la liberación de presos políticos, el respeto a los derechos humanos y garantías para elecciones libres, el régimen parece decidido a profundizar un modelo económico basado en control político absoluto y explotación acelerada de recursos naturales.

La expansión minera ocurre además en medio de un contexto de creciente pobreza, migración masiva y represión interna.

Para muchos analistas, Ortega y Murillo ya no gobiernan pensando en legitimidad democrática, sino en supervivencia política y financiera.

Y en esa lógica, el oro se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para mantener funcionando al aparato estatal y sostener las alianzas internas del sandinismo.

La señal política detrás de las concesiones

La entrega de nuevas licencias mineras a empresas chinas también envía una señal política internacional.

El régimen intenta demostrar que todavía posee aliados estratégicos capaces de invertir en Nicaragua pese a las sanciones y denuncias internacionales.

Sin embargo, especialistas advierten que esa dependencia creciente de capitales autoritarios podría profundizar aún más el aislamiento de Nicaragua y aumentar la fragilidad institucional del país.

Mientras tanto, el negocio del oro continúa expandiéndose en silencio, dejando millonarias ganancias para el oficialismo, cuestionamientos ambientales cada vez más fuertes y una creciente percepción de que Ortega utiliza los recursos naturales como combustible político para sostener una de las dictaduras más cuestionadas del continente.