Una coalición de organizaciones migrantes y defensores de derechos humanos presentó una demanda ante un tribunal federal en Estados Unidos para frenar la cancelación del Estatus de Protección Temporal TPS, por sus siglas en inglés para nicaragüenses, hondureños y nepalíes, decretada por el gobierno de Donald Trump.

La demanda, impulsada por la National TPS Alliance, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (Naldef), fue radicada en el Tribunal Federal del Distrito Norte de California. Va dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional DHS, por sus siglas en inglés y su actual titular, Kristi Noem.

Harold Rocha, presidente de Naldef, explicó que la intención es detener o al menos suspender de manera administrativa la medida de cancelación, antes de que esta sea formalizada en el Registro Federal este martes 8 de julio. Según Rocha, esta ofensiva legal es urgente y necesaria, dado el impacto que tendrá sobre miles de familias que han vivido de forma regular en EE. UU durante más de dos décadas.

La eliminación del TPS, anunciada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE a través de un documento preliminar, afectará a unos 72,000 hondureños y más de 4,000 nicaragüenses, quienes deberán buscar alternativas migratorias antes del 6 de septiembre, o enfrentar posibles procesos de deportación.

Otra vez el ataque al TPS

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha emprendido una ofensiva contra el TPS que ya ha dejado sin protección a unos 600 000 migrantes de siete países. Para su gobierno, el TPS “no está destinado a ser un camino permanente hacia la ciudadanía”, como declaró este lunes la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Justificó la medida señalando que los países de origen “ya no cumplen con los criterios” para recibir protección.

Organizaciones como Alianza Americas y New York Immigration Coalition han rechazado esa narrativa. Señalan que las condiciones de inseguridad, violencia, corrupción y crisis institucional persisten en países como Nicaragua y Honduras, por lo que revocar el TPS “pone en riesgo la salud, la seguridad y la estabilidad de miles de familias con estatus migratorio mixto”.

“El argumento de que el TPS es temporal se vuelve cínico cuando se ignoran las condiciones reales que obligaron a estas personas a huir y que aún no han cambiado”, expresó Christian Aguiluz, director de America for All.

Comunidades en alerta y respuesta legal

La cancelación fue recibida “como un balde de agua fría”, especialmente por las comunidades centroamericanas que tenían la expectativa de una extensión del programa. Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, recordó que la última renovación del TPS para hondureños expiró en mayo y que desde entonces reinó la incertidumbre.

“Nos dejaron esperando una respuesta que nunca llegó”, denunció Flores, quien confirmó que su organización también prepara acciones legales por separado. “Vamos a hacer lo que se hizo en 2018. Nadie quiere llegar a los tribunales, pero no hay otra vía”.

El impacto de la decisión no se limita a los migrantes. En Nueva York, donde residen miles de beneficiarios del TPS, la fiscal general Letitia James se pronunció con firmeza: “Seguiré luchando contra este otro ataque cruel contra nuestras comunidades inmigrantes”.

Murad Awawdeh, director de la New York Immigration Coalition, advirtió que la eliminación del TPS generará un “limbo legal” que desestabilizará barrios enteros, separará familias y dejará sin derechos a trabajadores esenciales que por años contribuyeron al país.

Realidades ignoradas en Nicaragua y Honduras

En el caso de Nicaragua, la cancelación del TPS se da mientras el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se mantiene en el poder mediante el uso sistemático de la represión, el exilio forzado y el control absoluto de las instituciones del Estado. Para muchas personas nicaragüenses, regresar significa enfrentarse a un país sin libertades y con graves riesgos para su seguridad.

El gobierno estadounidense también firmó en junio un convenio migratorio con Honduras, designándolo como “tercer país seguro”, lo cual, según Flores, contradice los propios informes del Departamento de Estado sobre las condiciones del país centroamericano.

“Hay una negación deliberada de la realidad. Hablan de programas como Hermanos, vuelvan a casa, pero no se atacan las causas estructurales como la violencia, el desempleo y la corrupción que nos obligaron a irnos”, concluyó Flores.

Las organizaciones demandantes insisten en que la lucha por el TPS es una batalla por la dignidad, la legalidad y el derecho a vivir sin miedo. Mientras tanto, decenas de miles de familias centroamericanas aguardan una respuesta que defina su futuro en un país al que han contribuido por más de 20 años.