El proceso judicial contra el nicaragüense Pedro Javier Fernández Sandoval, residente en Costa Rica desde hace tres décadas, se ha complicado en las últimas dos semanas tras la emisión de una orden de extradición promovida por la Embajada de Nicaragua en San José, en representación directa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Actualmente, el caso se encuentra en apelación, pero organizaciones de derechos humanos y colectivos de exiliados advierten que el riesgo de su entrega a Nicaragua es inminente.

Fernández, de 57 años y de origen campesino, está acusado por los mismos hechos atribuidos a Douglas Gamaliel Álvarez y Reinaldo Picado Miranda, relacionados con un supuesto enfrentamiento ocurrido el 1 de octubre de 2022 en Río San Juan, Nicaragua, donde se afirma que murieron dos personas.

Álvarez fue extraditado en febrero de 2024 y hoy se encuentra desaparecido en prisión, bajo graves riesgos para su vida, según constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó medidas cautelares.

Picado Miranda, en cambio, fue reconocido como perseguido político y recibió protección internacional en Costa Rica, luego de que la CIDH advirtiera sobre los peligros que enfrentaría en caso de ser devuelto a Nicaragua.

Organizaciones señalan que el caso de Fernández responde al mismo patrón de acusaciones fabricadas por el régimen, con expedientes judiciales basados en supuestas pruebas, testigos falsos y peritajes manipulados, una práctica denunciada durante años por excarcelados políticos y organismos internacionales.

Trayectoria de un exiliado organizado

Fernández migró a Costa Rica hace 30 años y ha trabajado como jardinero. Sin embargo, su “delito”, según denuncian sus compañeros de lucha, fue participar activamente en organizaciones de exiliados como la Resistencia Campesina Azul y Blanco y la Unión de Exiliados Nicaragüenses (UEN), entre 2018 y 2021. En ese periodo participó en marchas, plantones y en la plataforma “Juntos por Nicaragua”, que articuló esfuerzos cívicos contra la dictadura.

A diferencia de otros opositores, nunca solicitó refugio en Costa Rica, pues consideraba que su estatus de residente permanente era suficiente para protegerlo de la persecución transnacional. Hoy esa decisión lo deja en una posición vulnerable frente al proceso de extradición.

Diversas organizaciones anunciaron que presentarán en los próximos días una carta dirigida al tribunal costarricense competente, subrayando que Fernández es un perseguido político y que su extradición lo expondría a torturas físicas y psicológicas, aislamiento prolongado y violaciones graves a sus derechos humanos en Nicaragua.

Los colectivos recuerdan que, conforme al principio de no devolución (non-refoulement), reconocido por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ningún Estado puede entregar a una persona a un país donde su vida, libertad o integridad estén en riesgo, incluso si no cuenta con estatus de refugiado.

Un patrón de persecución transnacional

Este caso, señalan, se inscribe en una estrategia más amplia del régimen Ortega-Murillo de perseguir a opositores más allá de las fronteras, enviando un mensaje de intimidación a exiliados y residentes nicaragüenses en Costa Rica. Al menos dos connacionales más estarían amenazados de enfrentar procesos similares de extradición.

“Extraditar a Pedro Javier Fernández es ponerlo en manos de la tortura y la desaparición forzada. En Nicaragua no existe justicia, solo centros de represión y violación de derechos humanos”, advirtieron las organizaciones en un comunicado. El llamado final es claro: movilizarse y pronunciarse para impedir la extradición y evitar un nuevo caso de persecución transnacional ejecutado desde Managua.