Los reportes preliminares indican que, del total de presos políticos, 56 son hombres, 6 son mujeres. De ellos, 18 son adultos mayores y 28 están considerados como “desaparecidos” porque desde que fueron apresados, el régimen ha ocultado información a sus familiares sobre su paradero y su condición legal.

El organismo también señala que, en los últimos días, la dictadura ha excarcelado a 18 personas, disminuyendo de 77 a 62 las personas detenidas con fines políticos con respecto al mes de octubre, cuando no se había realizado ninguna excarcelación. Las excarcelaciones ocurrieron sin ningún aviso previo.

Familiares de las personas excarceladas, denunciaron que estas no gozan de libertad plena, porque deben acudir todos los días a las seis de la mañana a la delegación policial más cercana a firmar el libro de control de detenidos.

Presos políticos no documentados

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en Nicaragua, también señala que, entre los subregistros, han documentado que, desde 2018 al 2 de diciembre de 2025, al menos 17 personas excarceladas durante este tiempo, no formaban parte de la lista oficial porque los familiares han evitado denunciar las detenciones por temor a represalias generado por un clima de miedo.

Asimismo, la organización denunció que, a través de perfiles falsos en redes sociales, trabajadores del Estado, exmilitares y simpatizantes del gobierno, lanzan amenazas contra los ciudadanos considerados opositores.

Por otro lado, los 18 adultos mayores presentan un riesgo elevado, debido a sus condiciones de salud, por las múltiples enfermedades crónicas que padecen. “La persistencia de estas detenciones, evidencia la ausencia de criterios humanizados y un uso punitivo de la privación de la libertad contra personas en situación de especial vulnerabilidad”, denunció el Mecanismo.

La mayoría de los presos políticos corresponden al departamento de Carazo (24%), una zona donde las redadas efectuadas entre julio y agosto de 2025, generaron casos de desaparición. Managua concentra el 21% de los detenidos, pero el 48% del total está recluido en centros penitenciarios ubicados en Tipitapa y la capital, lo que incrementa obstáculos para el acompañamiento familiar.