El expediente y la orden judicial

El Juzgado Único de Distrito Penal de Audiencias de Matagalpa emitió una orden de captura y retención migratoria contra Harry Valle, tras una acusación presentada por el Ministerio Público. El caso quedó registrado bajo el expediente 002158-ORN1-2025-PN.

La jueza Maribel Parrilla autorizó la retención migratoria, detalló los datos personales del acusado y giró instrucción a Migración y Extranjería para impedir cualquier salida del país. La captura fue girada el 13 de noviembre de 2025.

En la causa figuran seis denunciantes cuyos nombres fueron incorporados al expediente. Valle no ha comparecido ante la autoridad; en su lugar, su cónyuge acudió para nombrar defensa técnica.

De defensor del régimen a acusado por la Ley de Ciberdelitos

Harry Valle se hizo visible por su ferviente defensa del régimen. Representó al sacerdote José Leonardo Urbina en un polémico caso por delitos sexuales, defendió públicamente el actuar del sistema judicial y llegó a amenazar con aplicar la Ley Especial de Ciberdelitos contra medios independientes.

Hoy es esa misma ley concebida para perseguir voces críticas la que se usa en su contra.

El giro inesperado evidencia las contradicciones internas del aparato judicial sandinista, donde incluso figuras leales pueden ser sacrificadas cuando dejan de ser funcionales a los intereses del régimen.

Una señal de control interno

El caso de Valle no solo expone el uso arbitrario del sistema judicial contra opositores, sino también su aplicación dentro de las propias filas sandinistas. Expertos coinciden en que este tipo de acciones son mecanismos de disciplina interna y advertencia para cualquier cuadro oficialista que se desmarque o discrepe.

La orden contra Valle marca un nuevo episodio de cómo el régimen utiliza la justicia como herramienta política, sin distinguir entre opositores, críticos o antiguos aliados.

Impacto institucional y social

La orden de captura contra Harry Valle vuelve a desnudar el colapso de la independencia judicial en Nicaragua. El sistema de justicia no opera como un árbitro, sino como un mecanismo de disciplina político que el régimen activa según su conveniencia. Cada caso como este incrementa la desconfianza ciudadana, deteriora la seguridad jurídica, eleva el riesgo país y envía un mensaje corrosivo a inversionistas y actores sociales: la ley no es garantía, es arma.

En un país donde incluso los aliados pueden convertirse en acusados de un día para otro, la lealtad no representa protección, sino vulnerabilidad. Y bajo el control absoluto del régimen, la justicia no solo persigue al disidente: también puede devorar a sus propios operadores cuando ya no sirven a la narrativa oficial.