En los últimos días, redes sociales y plataformas afines al Frente Sandinista se han visto inundadas de mensajes que refuerzan la narrativa de vigilancia permanente y lealtad obligatoria. Publicaciones que advierten que “la guardia no se baja nunca”, que tildan de “traidores” a quienes no manifiestan apoyo explícito al régimen o que señalan a beneficiarios de programas estatales por supuestamente “criticar y maldecir” al gobierno, forman parte de un patrón que analistas y activistas identifican como chantaje político y social.

Este tipo de mensajes no busca únicamente desacreditar posturas críticas, sino instalar el miedo. Acompañadas de consignas partidarias e imágenes simbólicas del poder, las publicaciones transmiten una advertencia implícita: la conducta individual, incluso en espacios privados o digitales, es observada y puede acarrear consecuencias.

La estrategia no se limita a opositores visibles o figuras públicas. El señalamiento alcanza a estudiantes, trabajadores del Estado y ciudadanos comunes, especialmente a aquellos que dependen de servicios públicos, empleos estatales o programas sociales. La presión se ejerce sobre sectores vulnerables, donde el temor a perder beneficios se convierte en un mecanismo de control.

Este endurecimiento del discurso interno contrasta con el mensaje que el régimen intenta proyectar hacia el exterior. En recientes apariciones públicas, Rosario Murillo ha insistido en un relato de paz, estabilidad y convivencia. Sin embargo, dentro del país, la realidad se impone con un lenguaje distinto: vigilancia constante, amenazas veladas y un clima de autocensura que se profundiza.

En Nicaragua, la intimidación ya no se expresa únicamente a través de la represión directa. También se ejerce desde el espacio digital, donde el miedo, el señalamiento y el chantaje funcionan como herramientas para sofocar cualquier gesto de disenso, incluso aquel que se expresa en silencio.