Deforestación, tráfico de tierras, minería ilegal, son parte de las acciones delictivas que promueven operadores políticos de la dictadura en el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, así lo denuncia en un reciente informe la organización ambientalista Fundación del Rio.

La destrucción ha sido sistemática, las invasiones aumentan cada día, en las reservas naturales del país, acabando con una de las zonas protegidas por la UNESCO y la Convención RAMSAR. Fundación del Rio denuncia que las autoridades ambientales y militares del régimen, toleran o facilitan la ocupación ilegal.

Al menos un 32% del bosque en la zona ha sido invadido por colonos unas 9894 hectáreas fueron deforestadas y otras 3866 han sido afectadas, productos de supuestos incendios forestales y quemas agrícolas. Así lo indica el informe Valoración Ambiental del Refugio de Vida Silvestre del Río San Juan.

La Fundación del Río en su informe señala como presuntos responsables de la invasión a “Valerio López, exfuncionario de la alcaldía municipal de El Castillo, y Gladys Sánchez Mondragón, actual secretaria política del FSLN en el mismo municipio”. Como promotores de la invasión ubicando a personas afines al partido, en tierras del refugio”. Asegura la organización ambiental.

Avanza minería ilegal

Una de las principales actividades de los colonos que invaden la reserva natural es la minería ilegal. En al menos 36 kilómetros del Refugio de Vida Silvestre del Río San Juan, se han identificado pequeños campamentos de extrusión minera. También la apertura de caminos para facilitar la transportación de insumos que abastecen los puntos de extracción.

“Los mineros desembarcan en el refugio para luego caminar entre tres a cuatro kilómetros hasta llegar a los puntos de extracción. También hay personas que se dedican solo al transporte de mercancía hacia Indio Maíz”, describe el informe presentado por Fundación del Rio.

Amaru Ruiz, presidente de la Fundación, asegura que estos campamentos a orillas del Rio San Juan, dificultan el trabajo de la Fuerza Pública de Costa Rica, quienes intentan frenar la actividad minera ilegal en la zona costarricense. Pero los invasores cruzan y se esconden en los campamentos en suelo nicaragüense.

“Cuando ocurren redadas, por parte de las autoridades costarricense, los mineros se cruzan al refugio para esconderse. Esta dinámica ha propiciado que algunas personas se hayan instalado permanentemente en el refugio y que, desde ese lado del río, realicen las labores ilegales del lado tico”, precisa el activista.

Fundación del Rio denuncia que en el municipio de El Castillo, por ejemplo, se ha organizado el reparto de tierras en áreas protegidas, cobrando entre 15 000 y 30 000 córdobas a los nuevos colonos a cambio de parcelas boscosas de hasta 50 manzanas.