Un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, vuelve a colocar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el centro del escrutinio internacional. El documento sostiene que la dictadura no solo financió la represión interna mediante el desvío de recursos públicos, sino que además mantiene una estructura transnacional destinada a vigilar, hostigar y perseguir a opositores fuera del país.

La investigación concluye que desde 2018 fondos originalmente asignados a programas sociales y gastos estatales habrían sido redirigidos para sostener operaciones represivas, incluyendo acciones ejecutadas por fuerzas policiales y grupos armados progubernamentales durante la represión de las protestas cívicas.

El señalamiento no se limita a hechos del pasado. El informe advierte que las estructuras de control político evolucionaron hacia un modelo más sofisticado, con alcance internacional.

Fondos públicos desviados para financiar la represión

Según los expertos, parte de los recursos estatales habrían sido utilizados para fortalecer estructuras de seguridad paralelas vinculadas al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Estas estructuras operarían como canales de financiamiento y coordinación para actividades de vigilancia, intimidación y persecución contra la disidencia.

El informe detalla que el aparato represivo no se limitó a acciones policiales visibles, sino que incluyó mecanismos administrativos, diplomáticos y partidarios diseñados para controlar y neutralizar voces críticas.

La conclusión es contundente: la represión habría sido sostenida con recursos del propio Estado.

Valdrack Jaentschke y la coordinación de la represión desde el exterior

Entre los nombres mencionados en el documento figura el actual coministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker.

De acuerdo con el informe, Jaentschke habría integrado entre 2021 y 2023 un grupo de alto nivel encargado de coordinar acciones de represión transnacional mientras ocupaba cargos diplomáticos. Los expertos señalan que ese grupo operaba desde el exterior con el objetivo de monitorear y neutralizar actividades de opositores y exiliados.

El señalamiento adquiere especial relevancia porque vincula directamente a estructuras diplomáticas con tareas de inteligencia política.

Embajadas y consulados bajo sospecha

El documento advierte que representaciones diplomáticas y consulares habrían sido instrumentalizadas para rastrear, monitorear e intimidar a nicaragüenses en el exilio.

Según los expertos, la red incluiría instituciones estatales, estructuras partidarias y funcionarios acreditados en el exterior. Este modelo de persecución transnacional replicaría prácticas observadas en otros regímenes autoritarios, donde la vigilancia no se detiene en las fronteras.

La ONU concluye que existe evidencia suficiente para considerar que la represión se proyectó más allá del territorio nacional.

Las denuncias de Roberto Samcam

El opositor Roberto Samcam había denunciado públicamente la existencia de esta red y señaló directamente a Valdrack Jaentschke como una figura relevante dentro de la maquinaria represiva.

En declaraciones a Darío Medios Internacional, Samcam describió un sistema de seguimiento y hostigamiento contra exiliados que operaba a través de representaciones diplomáticas.

Posteriormente, Samcam fue asesinado. Su muerte reforzó las alarmas sobre el alcance de la persecución política y el riesgo que enfrentan quienes denuncian estas estructuras.

Posibles crímenes de lesa humanidad

El Grupo de Expertos concluye que las violaciones sistemáticas cometidas desde 2018 podrían constituir crímenes de lesa humanidad, una categoría jurídica que implica responsabilidad penal individual bajo el derecho internacional.

El informe insta a la comunidad internacional a fortalecer mecanismos de rendición de cuentas y a reforzar la protección de los nicaragüenses en el exilio, quienes según los expertos continúan expuestos a vigilancia y hostigamiento.

El documento se suma a una serie de investigaciones internacionales que sostienen que en Nicaragua opera un aparato estatal orientado a la represión sistemática de la disidencia.

Un señalamiento que trasciende fronteras

La gravedad del informe no radica únicamente en los nombres mencionados, sino en la arquitectura descrita: un sistema que habría utilizado fondos públicos para financiar la represión interna y luego expandió su alcance hacia el exterior.

Si las conclusiones del Grupo de Expertos prosperan en instancias judiciales internacionales, las implicaciones podrían alcanzar no solo a operadores internos del régimen, sino también a funcionarios diplomáticos señalados como parte de la red.