ONU explota contra Ortega y Murillo
¿Es otro frente que se les abre a Ortega y Murillo al iniciar la semana?
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DaríoMedios Internacional
9/22/20265 min read
La respuesta comenzó a tomar forma este 21 de septiembre, cuando la situación de Nicaragua volvió a quedar bajo el escrutinio del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en medio de nuevas denuncias sobre la represión, la persecución política y el deterioro de las libertades fundamentales bajo la dictadura Ortega-Murillo.
El informe presentado ante Naciones Unidas advierte sobre la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua y documenta patrones de persecución contra personas consideradas críticas del régimen, así como el cierre progresivo de los espacios democráticos y la concentración del poder en manos de Ortega y Murillo.
El escenario internacional vuelve así a colocar a la pareja de dictadores en el centro de las denuncias por violaciones de derechos humanos.
Pero esta vez hay un elemento que adquiere especial relevancia: la acumulación de evidencias y señalamientos internacionales que podrían servir, eventualmente, para establecer responsabilidades individuales.
Evidencias que podrían llevar a Ortega a enfrentar la justicia
Durante los últimos años, distintos mecanismos de Naciones Unidas han documentado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, persecución contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, además de ataques contra organizaciones religiosas y de la sociedad civil.
Los expertos internacionales han señalado en informes anteriores que existen fundamentos razonables para considerar que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad y han recomendado avanzar hacia investigaciones que permitan determinar responsabilidades individuales.
El señalamiento adquiere mayor peso cuando la documentación deja de referirse únicamente a abusos aislados y comienza a describir estructuras, instituciones y cadenas de mando.
En informes previos, los expertos de Naciones Unidas han señalado directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo dentro de la estructura de poder desde la cual se habrían tomado decisiones relacionadas con la persecución de personas consideradas enemigas del régimen.
Esto no constituye una sentencia judicial contra Ortega o Murillo. Sin embargo, sí forma parte de un expediente internacional que continúa acumulando denuncias, testimonios y documentación sobre el funcionamiento del aparato represivo.
La represión como mecanismo para conservar el poder
Durante el debate ante el Consejo de Derechos Humanos, funcionarios de Naciones Unidas volvieron a advertir sobre la utilización de mecanismos estatales para silenciar a la población nicaragüense y restringir las libertades fundamentales.
Entre los principales señalamientos aparecen la persecución política, el debilitamiento de las instituciones democráticas, las restricciones contra periodistas y organizaciones independientes y la utilización de las estructuras estatales para ejercer control sobre la población.
A esto se suma otro elemento que preocupa a la comunidad internacional: las reformas impulsadas por Ortega y Murillo para concentrar todavía más poder.
Las modificaciones constitucionales promovidas por la dictadura han sido cuestionadas internacionalmente porque profundizan la concentración del poder ejecutivo y reducen los contrapesos institucionales.
Para los organismos internacionales, el problema no se limita a las violaciones cometidas durante los años de represión. También existe preocupación por las reformas que buscan construir un sistema político cada vez más cerrado y con menos mecanismos de control sobre quienes ejercen el poder.
El mundo vuelve a levantar la voz
La presión contra Managua tampoco procede de un único país.
En los últimos años, distintos gobiernos y organismos internacionales han mantenido pronunciamientos, sanciones y mecanismos de presión contra funcionarios de la dictadura.
Francia y Estonia se encuentran entre los países que han expresado preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua y han respaldado acciones internacionales encaminadas a exigir respeto a las libertades fundamentales y rendición de cuentas.
La situación de Nicaragua ha dejado de ser presentada únicamente como un conflicto interno. La persecución contra opositores y exiliados, así como las denuncias sobre acciones ejecutadas fuera del territorio nacional, han ampliado la dimensión internacional del problema.
El régimen Ortega-Murillo enfrenta así una presión que se desarrolla simultáneamente en distintos espacios diplomáticos y multilaterales.
Murillo manda a su canciller a Naciones Unidas
Mientras Naciones Unidas volvía a cuestionar las prácticas represivas de la dictadura, Rosario Murillo decidió enviar a su canciller, Valdrack Jaentschke, para representar a Nicaragua ante este escenario internacional.
La decisión tiene un componente particularmente significativo.
Jaentschke ha sido señalado en documentación internacional por su participación dentro de la estructura de poder del régimen y por acciones relacionadas con la persecución y represión contra nicaragüenses.
De esta manera, mientras los organismos internacionales acumulan señalamientos contra la dictadura, Managua utiliza a uno de sus principales operadores diplomáticos para defender su posición ante la comunidad internacional.
El contraste resulta evidente: Nicaragua llega a Naciones Unidas para defender al régimen mientras Naciones Unidas continúa documentando los abusos atribuidos a ese mismo régimen.
Ortega y Murillo frente a un expediente internacional cada vez mayor
Para el analista Carlos Díaz, el hecho de que las denuncias contra la pareja dictatorial lleguen nuevamente a Naciones Unidas representa un elemento adicional de presión.
“Que desde la ONU, integrada por una mayoría de países, se plantee que la pareja de El Carmen no debe seguir gobernando es un plus”, afirmó.
La valoración del analista forma parte de una interpretación sobre las consecuencias políticas de la presión internacional. Lo que sí está documentado es que los mecanismos de Naciones Unidas han venido acumulando informes sobre violaciones de derechos humanos y posibles responsabilidades dentro de la estructura estatal nicaragüense.
Y ese expediente continúa creciendo.
¿Qué sigue?
La gran pregunta ahora es qué ocurrirá después de la nueva exposición internacional de la crisis nicaragüense.
Los informes de Naciones Unidas no equivalen por sí mismos a una sentencia contra Ortega o Murillo. Para establecer responsabilidad penal individual sería necesario un proceso judicial en el que las pruebas fueran examinadas y las responsabilidades determinadas conforme al derecho aplicable.
Pero la documentación internacional puede tener un peso importante en futuros procesos de rendición de cuentas.
Durante años, Naciones Unidas ha recopilado información sobre detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, persecución política, ataques contra la libertad religiosa y restricciones contra la prensa independiente.
A ello se suman los expedientes elaborados por organismos regionales y organizaciones internacionales de derechos humanos.
El resultado es un archivo cada vez más amplio sobre la represión ejercida bajo el régimen Ortega-Murillo.
Mientras tanto, la dictadura continúa intentando proyectar control y normalidad desde Managua, al mismo tiempo que intensifica su discurso contra Estados Unidos y sus críticos.
Pero fuera de Nicaragua, la discusión es otra: qué hacer con toda la documentación acumulada y cómo avanzar desde la denuncia internacional hacia mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Por ahora, Ortega y Murillo permanecen en el poder. Sin embargo, el cerco diplomático y la documentación internacional sobre su régimen continúan creciendo.
Y para una dictadura que durante años ha intentado presentar las denuncias como simples campañas políticas en su contra, que Naciones Unidas vuelva a colocar sobre la mesa las violaciones de derechos humanos y las posibles responsabilidades de quienes ocupan la cúpula del poder representa un nuevo desafío internacional.
