El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por la Organización de Naciones Unidas, presentó este jueves ante la Asamblea General un informe devastador, que acusa al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

En su intervención, el presidente del grupo, Jan Michael Simon, pidió a los Estados pasar de la condena verbal a la acción: activar mecanismos de justicia universal, promover procesos ante la Corte Internacional de Justicia y aplicar sanciones selectivas contra los responsables directos de la represión.

“El Gobierno de Nicaragua ha desmantelado el Estado de derecho y las instituciones democráticas mediante el miedo, la violencia y la represión”, señaló Simon. “Resulta trágico que un país que antes hablaba de paz y desarrollo hoy sea símbolo de dictadura y persecución”. Añadió.

Un régimen sostenido en el terror

El informe, sustentado en más de 1,900 testimonios y 9,300 documentos, documenta la existencia de una política de Estado para eliminar toda forma de disidencia. Entre los crímenes señalados destacan detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, juicios sin garantías, confiscaciones y la privación de nacionalidad a cientos de nicaragüenses.

“El aumento del uso de la desaparición forzada refleja una crueldad inmensa hacia las víctimas y sus familias”, advirtió el experto Reed Brody. “En Nicaragua, buscar justicia se ha convertido en una nueva forma de persecución”.

Brody añadió que la represión ya no se limita al territorio nacional: “El régimen ha exportado el miedo, persiguiendo a opositores y activistas incluso fuera del país”.

Represión sin fronteras: el caso Samcam

El informe también documenta la represión transnacional ejercida por el régimen Ortega-Murillo. El asesinato del mayor retirado Roberto Samcam, ocurrido en junio en Costa Rica, fue citado por los expertos como una prueba del alcance del aparato represivo.

“Este crimen confirma que el miedo viaja con los exiliados nicaragüenses. El brazo del régimen no se detiene en las fronteras”, señaló Brody.

De acuerdo con los investigadores, al menos cuatro ataques contra nicaragüenses refugiados en Costa Rica han sido registrados desde 2023, lo que demuestra una estrategia sistemática de intimidación más allá de las fronteras. “En Nicaragua, la justicia está prohibida y para quienes la buscan fuera, el castigo los persigue”, concluyó.

El aislamiento como estrategia de impunidad

El documento también señala que Nicaragua se ha retirado de cinco agencias de la ONU, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos, lo que el GHREN interpreta como un intento de evadir el escrutinio internacional.

“El aislamiento del Gobierno no es una afirmación de soberanía, sino una búsqueda desesperada de impunidad”, subrayó Jan Michael Simon. “La presencia de Nicaragua en la agenda de la Asamblea General es una señal de alarma: la represión ha alcanzado niveles intolerables”.

Una advertencia al mundo

El GHREN pidió a los países no seguir siendo “testigos pasivos”, e insistió en que deben actuar con determinación. “La comunidad internacional debe imponer sanciones, enjuiciar a los responsables y ofrecer protección a las víctimas. El valor del pueblo nicaragüense demuestra que el cambio es posible”, concluyó Simon.

El informe marca un punto de inflexión en la presión global contra el régimen Ortega-Murillo. Su contenido, respaldado por evidencia directa y miles de testimonios, coloca nuevamente a Nicaragua en el centro de la atención internacional por su modelo de represión exportada y su creciente aislamiento diplomático.