La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue profundizando su autoritarismo, esta vez con el respaldo de una reforma constitucional que ha sellado la fusión entre el aparato estatal y el partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Así lo denunció este miércoles el abogado húngaro Reed Bródy, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por Naciones Unidas.

Durante su intervención en el foro "Ruta de justicia: el camino de las víctimas frente a crímenes de lesa humanidad", organizado en Costa Rica por el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, Bródy fue categórico al afirmar que "el Estado y el FSLN prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión que tiene su impacto dentro y fuera de Nicaragua".

El reconocido jurista —conocido internacionalmente como el “cazador de dictadores”— acusó directamente al binomio presidencial Ortega-Murillo de estar en el centro de esta estructura represiva. "Operan una extensa red de inteligencia a todos los niveles, que supervisa a toda la población", señaló, subrayando el carácter totalitario del régimen.

Dictadores controlan instituciones

Para Bródy, lo que diferencia al régimen sandinista actual, en el poder desde 2007, "es el nivel de control total sobre todas las instituciones del Estado" y buena parte de la sociedad. "Basan su poder en el miedo, la censura y la persecución", enfatizó.

La represión, indicó, ha evolucionado desde la brutalidad con la que se aplastaron las protestas de 2018 —con un saldo de más de 350 muertos—, hacia una estrategia más selectiva que hoy apunta al "control total" del país.

"Después la represión se hizo más selectiva, y en la fase actual lo que busca el Gobierno es el control total", sostuvo el experto en derechos humanos de las Naciones Unidas.

Una reforma constitucional "grotesca"

El experto de la ONU no escatimó críticas a la reforma constitucional impuesta por el oficialismo en febrero pasado, la cual eliminó de facto la división de poderes y consolidó el poder absoluto en la Presidencia.

"La Constitución grotesca que entró en vigor este año no tiene igual en otro país. Nunca ha habido una Constitución que concentre tanto el poder en la Presidencia", denunció Bródy, quien alertó sobre el carácter excepcionalmente autoritario del nuevo marco legal impuesto por el régimen.

Según el abogado, Nicaragua se ha transformado en "un lugar de vigilancia y silencio impuesto para quienes permanecen en el país", mientras que quienes alzan la voz o simplemente son vistos como opositores enfrentan “una vida de apatridia y exilio”.

Crímenes que no prescriben

A pesar de la represión sistemática, Bródy animó a las víctimas a seguir documentando los abusos cometidos por el régimen. "Ningún régimen autoritario es eterno", recordó, advirtiendo que estos crímenes no quedarán impunes.

“El ataque masivo contra la población civil, la persecución por razones políticas continúa, o sea que las desnacionalizaciones, las confiscaciones, forman parte de crímenes de lesa humanidad”, remarcó.

El foro también contó con la participación de María Pía Alvira, directora del departamento de América Latina de Civil Rights Defenders, y Eduardo González Cuevas, experto en justicia transicional.

Desde el estallido de la crisis en abril de 2018, el régimen de Ortega ha profundizado su aislamiento internacional al tiempo que sofoca toda disidencia interna: elecciones sin competencia real, cierre de universidades y medios de comunicación, expulsión de ONG y represión despiadada contra cualquier signo de resistencia.