El demoledor informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creado para Nicaragua, revela la existencia del Departamento “H”, una unidad clandestina de espionaje dentro de la Policía Orteguista, dedicada a la vigilancia y persecución sistemática de la población nicaragüense.

Los hallazgos, basados en testimonios y pruebas documentadas, pintan un panorama sombrío de un régimen que ha tejido una peligrosa red de control para silenciar las voces de sus críticos y atornillarse al poder.

Según el informe, el Departamento “H”, sin emblema ni identificación visible, opera en las sombras, llevando a cabo tareas de seguimiento encubierto, verificación, filmación secreta, intervenciones telefónicas ilegales y registros domiciliarios clandestinos.

Para mantener su fachada, esta unidad clandestina se ampara en negocios ficticios que van desde empresas de servicios básicos como telefonía y agua potable hasta negocios de mensajería, seguros, fumigación e incluso ventas ambulantes de comida. Se ha revelado que el Departamento alquila propiedades temporales para llevar a cabo sus operaciones encubiertas.

Departamento H opera desde 2018

La investigación del Grupo de Expertos señala que el Departamento Técnico Operativo, nombre interno del “Departamento H”, habría estado coordinado desde 2018 por Zhukov Serrano Pérez, quien entonces era jefe de la Dirección de Inteligencia Policial.

Esta unidad clandestina trabajaría en estrecha colaboración con la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, de la cual recibiría la inteligencia necesaria para sus operaciones de espionaje.

La existencia y las operaciones del Departamento “H” son solo una pieza de una estructura de vigilancia y control mucho más amplia, orquestada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El informe detalla cómo diversas instituciones estatales, miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y grupos armados progubernamentales trabajan en conjunto para mantener el poder a través del amedrentamiento y la represión.

Integrado por policías y militares

Dentro de esta estructura, destaca la operación inorgánica del Comité de Inteligencia Nacional desde 2018, integrado por representantes del Ejército, la Policía, el Ministerio del Interior y otras instituciones, respondiendo directamente a Ortega y centralizando la inteligencia para fines represivos.

La Policía Nacional, ahora subordinada al poder presidencial, juega un papel crucial a través de su Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, que alberga direcciones especializadas en la obtención de información sobre opositores.

El informe también revela el papel del Centro de Información e Inteligencia Policial (CIIP), coordinado por Adolfo Joel Marenco Corea y su sucesor Zhukov Serrano Pérez, en la recopilación y procesamiento de datos de opositores, asignándoles vigilancia permanente, realizando escuchas telefónicas ilegales y colaborando con el Ministerio Público para fabricar casos judiciales.

La intervención en la vida de los ciudadanos va más allá del espionaje directo. La Unidad de Análisis Financiero, dirigida por un general del Ejército, facilita el acceso a datos bancarios de opositores para embargos y decomisos arbitrarios.

El papel de Telcor y demás instituciones

Telcor, bajo la dirección de la hija del sancionado jefe de la Policía, la también sancionada Nahima Janett Díaz Flores, participa activamente en la interceptación de comunicaciones sin orden judicial, siguiendo instrucciones directas de la codictadora Murillo.

Las estructuras de control se extienden a nivel local a través de las alcaldías, que ahora cuentan con centros de cómputo para procesar información sobre los ciudadanos, y del FSLN, cuyos secretarios políticos identifican, amenazan y vigilan a opositores desde las instituciones públicas y territoriales.

Incluso el Ministerio de Salud se utiliza para recopilar información a través de censos poblacionales y visitas domiciliarias con aparentes interrogatorios sobre la ubicación, familiares y afiliaciones políticas de los ciudadanos.

Atacan a familiares de opositores exiliados

El Grupo de Expertos también ha documentado cómo el régimen ha atacado a familiares de opositores en el exilio, incluyendo vigilancia, hostigamiento, amenazas, detenciones arbitrarias y violaciones de sus derechos a la salud y la educación. En algunos casos alarmantes, la policía ha interrogado a niños para obtener información sobre sus familiares en el extranjero.

La develación del Departamento “H” y la descripción detallada de esta vasta red de espionaje y control estatal arrojan una luz preocupante sobre la erosión de las libertades civiles en Nicaragua y la consolidación de un sistema de represión omnipresente.

Opositores señalan que la comunidad internacional deberá tomar nota de estas graves acusaciones y considerar las acciones necesarias para proteger los derechos humanos fundamentales del pueblo nicaragüense.