ONU denuncia purga masiva de abogados en Nicaragua
El Grupo de Expertos de la ONU advirtió que la cancelación masiva de licencias a abogados y notarios representa una nueva escalada en el desmantelamiento del Estado de derecho dejando a miles de nicaragüenses con mayores obstáculos para acceder a la justicia.
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DaríoMedios Internacional
7/13/20263 min read
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN) denunció este lunes que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecuta una revocación masiva de credenciales de abogados y notarios, una medida que, según el organismo, constituye un nuevo golpe contra la independencia judicial y el derecho de los ciudadanos a contar con una defensa legal.
En un pronunciamiento divulgado desde Ginebra y Panamá, los expertos señalaron que existen "motivos razonables" para creer que el régimen está despojando de forma sistemática a numerosos profesionales del Derecho de sus licencias para ejercer, sin previo aviso, sin fundamento legal y sin ofrecer explicación alguna.
Según los testimonios recopilados por el organismo, la mayoría de los afectados descubrió que había sido eliminada de los registros oficiales únicamente cuando intentó ingresar a los tribunales, presentar escritos judiciales o consultar el registro digital de la Corte Suprema de Justicia.
"Una nueva escalada" contra la justicia
El presidente del Grupo de Expertos, Jan-Michael Simon, afirmó que esta decisión representa un nuevo nivel de deterioro institucional en Nicaragua.
"Durante la última semana han aumentado las pruebas que proporcionan motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicaragua está despojando sistemáticamente a numerosos abogados de sus licencias legales", señaló.
Simon recordó que el Grupo ya había denunciado en repetidas ocasiones la injerencia del régimen sobre el Poder Judicial, pero advirtió que la eliminación de una parte importante de la profesión jurídica constituye una nueva fase de esa ofensiva.
La purga judicial continúa
Los expertos recordaron que el hostigamiento contra abogados independientes no comenzó ahora.
En 2023, al menos 28 abogados fueron suspendidos de forma permanente por decisiones consideradas arbitrarias. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia dejó de renovar los llamados "quinquenios", autorizaciones obligatorias para ejercer funciones notariales, impidiendo que numerosos profesionales continuaran desarrollando su trabajo.
La ONU también relacionó esta nueva medida con la profunda reestructuración del sistema judicial iniciada en octubre de 2023, cuando la Policía tomó el control de la Corte Suprema de Justicia y comenzó una amplia depuración interna.
Desde entonces, ocho magistrados abandonaron sus cargos por renuncia o destitución y más de mil trabajadores del sistema judicial fueron despedidos.
Reformas eliminaron la independencia judicial
El informe recuerda que las reformas constitucionales impulsadas por Ortega y Murillo en 2025 terminaron por eliminar la independencia formal del Poder Judicial.
Con esos cambios, la justicia dejó de ser un poder independiente del Estado para convertirse en un órgano subordinado a la Presidencia. Además, la integración de la Corte Suprema fue reducida de 16 a 10 magistrados, todos nombrados a propuesta de los copresidentes.
Para el experto Reed Brody, esta nueva ofensiva confirma el proceso de sometimiento absoluto de la justicia.
"Esta purga silenciosa de la profesión jurídica es un clavo más en el ataúd de la independencia de la justicia en Nicaragua: primero se llevaron a los jueces, ahora se llevan a los abogados", afirmó.
Añadió que las normas internacionales establecen que ningún abogado puede ser privado del ejercicio profesional sin un procedimiento justo ante un órgano independiente.
"Aquí no hubo audiencia, no hubo organismo independiente; solo una tecla de eliminar", expresó.
Abogados perseguidos desde 2018
La integrante del Grupo de Expertos, Ariela Peralta, recordó que los abogados forman parte de los sectores perseguidos por el régimen desde el inicio de la crisis sociopolítica de 2018.
Según explicó, numerosos profesionales han sufrido amenazas, hostigamiento, detenciones arbitrarias y exilio, además de impedimentos constantes para ejercer la defensa de sus clientes.
Ahora, advirtió, la persecución alcanza directamente el derecho mismo a ejercer la profesión.
Entre las personas afectadas figuran exmagistrados, abogados exiliados, antiguos militantes sandinistas y profesionales sin afiliación política conocida.
Golpe al acceso a la justicia
El Grupo de Expertos alertó que la eliminación arbitraria de abogados y notarios de los registros oficiales tendrá consecuencias directas sobre miles de ciudadanos nicaragüenses.
Sin profesionales habilitados para ejercer, muchas personas podrían quedar sin representación legal, enfrentar obstáculos para realizar trámites notariales o ver limitado su acceso a los tribunales.
Para la ONU, esta decisión no solo vulnera los derechos de los abogados afectados, sino que profundiza el deterioro del sistema de justicia y agrava la crisis del Estado de derecho en Nicaragua.
El Grupo de Expertos sobre Nicaragua fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2022 con el mandato de investigar de manera independiente las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país desde abril de 2018. Desde entonces, sus informes han documentado un patrón de represión estatal, persecución política y debilitamiento sistemático de las instituciones democráticas bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
