La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtió este martes 23 de septiembre de 2025 que las reformas impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han desmantelado las garantías fundamentales en Nicaragua y consolidado un modelo de poder autoritario.

En un comentario enviado a la agencia EFE, Andrés Sánchez Thorin, representante para Centroamérica de la OACNUDH, señaló que desde 2024 el país atraviesa una “transformación preocupante” derivada de cambios legales y una reforma constitucional casi total aprobada este año, que “han concentrado cada vez más el poder en el Ejecutivo”.

Represión y criminalización de la crítica

El informe, presentado en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, describe cómo las nuevas normativas permiten que cualquier ciudadano crítico, así como sus familiares, pueda ser objeto de represalias o detenciones arbitrarias.

Asimismo, alerta que el reconocimiento oficial de grupos paramilitares y la aplicación de leyes penales ambiguas han generado un clima de temor y control social que elimina los espacios de disenso.

Entre junio de 2024 y junio de 2025, la OACNUDH documentó al menos 75 presos políticos, 16 casos de tortura —incluyendo violencia sexual— y 31 desapariciones forzadas. Además, se reportaron 52 denegaciones arbitrarias de entrada al país y 156 expulsiones sin derecho a defensa.

Nacionalidad y exilio forzado

El informe también evidencia que “cientos de nicaragüenses han sido expulsados, desnacionalizados o privados del reingreso a su propio país”, lo que ha provocado separaciones familiares, situaciones de apatridas y exilio forzado.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, integrado por tres juristas independientes, denunció en Ginebra que la represión del régimen alcanza incluso a quienes se encuentran en el exilio, e instó a los Estados a exigir responsabilidades ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. De acuerdo con la investigación, al menos 452 personas fueron despojadas de su nacionalidad entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, aunque el número real podría ser mayor.

Sociedad civil debilitada y sin pluralismo político

Sánchez Thorin recordó que, desde 2018, ocho de cada diez organizaciones de la sociedad civil han sido canceladas o forzadas a cerrar, muchas de ellas de carácter religioso, con sus bienes confiscados por el Estado. A este escenario se suma la reforma electoral, que “pone en serio riesgo el pluralismo político y el derecho ciudadano a participar en la vida democrática”.

El funcionario también criticó la decisión del gobierno de Ortega y Murillo de retirarse de los mecanismos de supervisión internacional, al no colaborar con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ni con los espacios de cooperación existentes.

Finalmente, Sánchez Thorin subrayó que es “crucial que Nicaragua retome el diálogo y la cooperación internacional”, aprovechando el Examen Periódico Universal en curso, y reiteró la disposición de la OACNUDH de brindar asistencia técnica para mejorar la situación de los derechos humanos en el país.