El más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, advierte que el aparato de vigilancia y persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se limita al territorio nacional.

Según los expertos, la estructura de espionaje contra opositores estaría instalada en al menos cinco países, utilizando como cobertura misiones diplomáticas que, en apariencia, cumplen funciones consulares, pero que en la práctica albergarían personal de inteligencia militar y operadores políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La denuncia coloca bajo escrutinio a Estados donde residen importantes comunidades de exiliados nicaragüenses y donde ya se han registrado hechos de persecución y violencia.

Diplomacia como fachada

El informe identifica con nombre y apellido a Valdrack Jaentschke, actual funcionario del régimen, como parte de la estructura que habría coordinado acciones de represión transnacional. De acuerdo con las fuentes consultadas por el Grupo de Expertos, Jaentschke se habría desempeñado como ministro consejero en Guatemala, Honduras y Costa Rica, así como asesor presidencial, en funciones que trascenderían lo estrictamente diplomático.

Reed Brody, reconocido defensor internacional de derechos humanos con más de cuatro décadas de trayectoria conocido por su papel en procesos contra dictadores fue categórico:

“Las misiones diplomáticas en al menos cinco países albergan personal de inteligencia militar. La mayoría de los embajadores se desempeñan como secretarios políticos del FSLN reportando directamente a Rosario Murillo”.

La acusación apunta a una estructura paralela que convertiría representaciones diplomáticas en centros de vigilancia, monitoreo y seguimiento de opositores en el exilio.

Vigilancia, uso de Interpol y asesinatos

Entre las herramientas señaladas por los expertos figuran mecanismos de vigilancia directa, presunto abuso de alertas internacionales como las de Interpol y, en casos extremos, asesinatos selectivos.

Brody calificó como “el caso más perturbador” el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025 en su apartamento en San José, Costa Rica. Según indicó, las investigaciones sobre ese crimen se encuentran avanzadas.

El señalamiento eleva el nivel de gravedad del informe, al sugerir que la represión no solo cruza fronteras, sino que podría implicar acciones letales fuera de Nicaragua.

Fondos públicos y red paralela

El Grupo de Expertos también denunció que esta red operaría con recursos públicos, lo que configuraría una nueva dimensión de corrupción estatal. Instituciones oficiales, gobiernos municipales y estructuras partidarias serían utilizadas para canalizar financiamiento hacia operaciones de inteligencia y control político.

De confirmarse, el esquema implicaría la instrumentalización del Estado para sostener una maquinaria de represión transnacional bajo la dirección política del círculo cercano de Ortega y Murillo.

Países bajo alerta

Aunque el informe no detalla oficialmente la lista completa de los cinco países, opositores y analistas señalan que podrían tratarse de Estados con importantes comunidades de exiliados y antecedentes de persecución, como Costa Rica, Honduras y Estados Unidos.

El documento de la ONU no solo expone un patrón de vigilancia más allá de las fronteras nicaragüenses, sino que coloca a los Estados receptores ante la disyuntiva de investigar si sus territorios están siendo utilizados como plataformas de inteligencia extranjera.

La conclusión implícita es clara: la represión, según el informe, no tiene fronteras y ahora tampoco el escrutinio internacional.