La crisis migratoria nicaragüense vive un nuevo capítulo con un “éxodo en reversa”, silencioso y forzado. Más de 4,200 ciudadanos fueron deportados de Estados Unidos entre enero y septiembre de 2025, en vuelos masivos que confirman el desamparo de miles de familias y la incapacidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para ofrecer condiciones de vida dignas en Nicaragua.

La organización Human Rights First, con datos corroborados por fuentes del Departamento de Estado estadounidense y publicados por Confidencial, reveló que entre el 9 de enero y el 13 de septiembre se registraron 35 vuelos operados por ICE Air hacia Managua. De ellos, 31 fueron identificados con al menos 3,751 personas, y otros cuatro aterrizaron en las primeras semanas de septiembre, elevando la cifra total a más de 4,200 deportados en apenas nueve meses.

Un dato que genera inquietud es que al menos once de esos vuelos hicieron escalas en la base naval de Guantánamo, Cuba, antes de llegar a Nicaragua. Hasta ahora no hay explicaciones oficiales sobre estas rutas ni sobre las condiciones en que fueron trasladados los migrantes.

El silencio del régimen

Mientras Estados Unidos, bajo la nueva administración de Donald Trump, endurece sus políticas de deportación, en Nicaragua el régimen Ortega-Murillo guarda silencio absoluto. No existe un plan de reinserción, apoyo laboral o acompañamiento económico para los deportados. Según fuentes aeroportuarias, muchos son sacados por salidas traseras del aeropuerto de Managua, sin registro público ni asistencia oficial.

La mayoría de los repatriados son hombres jóvenes, entre 20 y 40 años, muchos de ellos sin antecedentes penales, que fueron expulsados por carecer de un estatus migratorio legal en EE. UU. La falta de oportunidades y la represión política siguen siendo los principales motores de la migración, pero al llegar deportados al país, enfrentan un panorama igual de hostil: desempleo, inseguridad y un Estado que los ignora.

Con más de 4,200 retornados en menos de un año, Nicaragua se consolida como uno de los epicentros más graves de la crisis migratoria centroamericana, mientras su Gobierno evita asumir responsabilidades frente al drama humano que sufren sus ciudadanos.