Los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo lamentarán la decisión de aislar a Nicaragua de las organizaciones que defienden los derechos humanos; y una vez más expondrán a su dictadura al escrutinio internacional.

Tras ser gravemente señalados como criminales de lesa humanidad por el Grupo de Expertos que investigan los hechos violentos en contra de manifestantes en el año 2018, el régimen sandinista abandonó el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), todo por orden de Rosario Murillo.

En particular, la rabieta de sacar a Nicaragua de la Organización Internacional del Trabajo, desata un nuevo riesgo para el régimen y provocaría que Nicaragua sea llevada ante la justicia internacional, donde se denunciarían las violaciones a trabajadores y empleadores nicaragüenses.

El pasado martes, el Consejo de Administración de la OIT, estableció una Comisión de Encuesta para investigar a Nicaragua y las arbitrariedades que se cometen bajo la dictadura del matrimonio Ortega Murillo.

Mientras la dictadura concreta el retiro de Nicaragua de la OIT, el país ya enfrenta denuncias ante la Organización Internacional de Empleadores.

Dictadura denunciada por violar los derechos humanos

El régimen fue denunciado por atentar contra la libertad sindical, por violentar el derecho de sindicación, violar el derecho de negociación colectiva, por discriminar a los empleados que piensan diferente y de atentar contra la Consulta Tripartita, es decir en Nicaragua la dictadura acabó con todas las garantías laborales.

En Nicaragua, un país donde el derecho a la protesta no existe y los pocos sindicatos que sobreviven, responden a los intereses de la dictadura y un levantamiento gremial le asegura la cárcel a cualquiera.

La Organización Internacional del Trabajo denunció que Ortega y Murillo persigue a empresarios y trabajadores que expresan opiniones contrarias a su régimen; los acusó del cierre de organizaciones empresariales y sindicales, como el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP); y de la violación de los convenios internacionales.

La Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) investigará dichas violaciones y un nuevo grupo de expertos pondrá a Nicaragua bajo lupa y emitirán sus conclusiones y recomendaciones, tal como lo han hecho otras organizaciones en múltiples informes, sin embargo, todo ese proceso será necesario para que la OIT remita el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y promover sanciones internacionales contra la dictadura.

El camino es largo, sin embargo, representa otra tenue luz de justicia que se enciende en Nicaragua. Opositores al régimen señalan que la iracunda Rosario Murillo maneja torpemente el ámbito internacional y sus rabietas le costarán caro al régimen sandinista.