El pronunciamiento se produce en un contexto de creciente presión internacional, marcado por reformas constitucionales regresivas, expulsiones diplomáticas, desnacionalizaciones y el cierre total del espacio cívico dentro del país.

Señalamientos claros al aparato represivo del Estado

En la resolución aprobada hoy, la OEA documenta un patrón estructural de represión estatal, que incluye detenciones arbitrarias, encarcelamientos por motivos políticos, persecución judicial selectiva, censura a medios independientes, cancelación masiva de organizaciones civiles y religiosas, así como el uso del sistema judicial como herramienta de castigo y control político.

El organismo regional advierte que estas prácticas no son hechos aislados, sino parte de una política de Estado diseñada para anular cualquier forma de disidencia y mantener el poder mediante el miedo.

Concentración absoluta del poder y anulación del Estado de derecho

La resolución señala que Nicaragua atraviesa un colapso del Estado de derecho, caracterizado por la inexistencia de separación de poderes y la subordinación total de las instituciones al Ejecutivo. La Policía, el Poder Judicial y otros órganos del Estado actúan bajo directrices políticas, impidiendo cualquier garantía de justicia independiente o debido proceso.

Según la OEA, este modelo ha convertido al país en un régimen de control total, donde la crítica política es criminalizada y los derechos fundamentales han sido vaciados de contenido.

Violaciones que trascienden las fronteras nacionales

El documento aprobado este 4 de febrero señala que las violaciones cometidas por el régimen no se limitan al territorio nicaragüense. La desnacionalización arbitraria, la negación de documentos de identidad, el exilio forzado y la persecución transnacional han dejado a miles de nicaragüenses en condiciones de vulnerabilidad extrema, afectando directamente a países de la región.

La OEA advierte que estas acciones han generado una crisis humanitaria y migratoria persistente, con impactos sociales y políticos que obligan a una respuesta regional coordinada.

Elecciones inexistentes y pérdida total de legitimidad

El organismo reafirma que el régimen Ortega-Murillo carece de legitimidad democrática, al no existir condiciones mínimas para procesos electorales libres, justos y competitivos. El control absoluto de los órganos electorales, la proscripción de partidos y el encarcelamiento o exilio de líderes opositores confirman el cierre definitivo de la vía electoral.

Para la OEA, cualquier narrativa oficial sobre normalidad institucional carece de sustento frente a los hechos documentados.

Un mensaje político inequívoco desde el continente

Aunque la resolución aprobada hoy no implica sanciones automáticas, su alcance político es significativo. La OEA deja claro que la comunidad interamericana no normaliza la represión ni acepta la consolidación de un régimen autoritario en Nicaragua.

El pronunciamiento reafirma que la crisis nicaragüense sigue abierta, bajo observación internacional y sin señales de normalización, mientras persistan las violaciones a los derechos humanos y el cierre total del espacio democrático.