En menos de una semana, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha otorgado dos nuevas concesiones mineras a la empresa china Thomas Metal Sociedad Anónima, sumando un total de 69,292.30 hectáreas en el sureste de Nicaragua, en territorios que incluyen zonas protegidas como la Reserva de Biosfera de Río San Juan y la Reserva Biológica Indio Maíz.

Según denunció la organización ambientalista Fundación del Río, las concesiones violan derechos ambientales e indígenas, e imponen un modelo extractivo que pone en riesgo la biodiversidad y las comunidades locales.

Minería en áreas protegidas

El pasado 29 de julio, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) oficializó en La Gaceta el Acuerdo Ministerial No. 037-SBT-035-2025, mediante el cual otorgó a Thomas Metal S.A. una concesión minera de 47,410 hectáreas en el lote denominado La Mónica, ubicado entre los municipios de El Castillo (Río San Juan) y Bluefields (Región Autónoma de la Costa Caribe Sur).

Tres días después, el 1 de agosto, se publicó un segundo acuerdo (No. 039-SBT-M-037-2025), otorgando a la misma empresa otras 21,882.30 hectáreas entre los municipios de El Castillo y San Juan de Nicaragua. La organización ambiental indica que estas áreas se superponen con territorios indígenas del pueblo Rama y Kriol, así como con el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan.

Violación de normativas y legalización de la minería en reservas

La Fundación del Río señala que estas concesiones son posibles tras la aprobación de la Ley 1248, en mayo de 2025, que derogó el Decreto Ejecutivo 01-2007, permitiendo legalmente la minería en áreas protegidas. La organización advierte que esta normativa “legaliza las actividades mineras dentro de territorios que deberían estar protegidos, evidenciando los intereses extractivos del régimen y su desmantelamiento del marco ambiental”.

El nuevo distrito minero en Río San Juan, según la Fundación, podría generar: Contaminación ambiental y deforestación, expansión de la minería ilegal, conflictos territoriales con otras concesiones agrícolas o forestales, desplazamientos forzados de comunidades locales y cooperativas agrícolas. Además, alertan que estas acciones podrían intensificar las invasiones a la Reserva Biológica Indio Maíz, especialmente en su zona de amortiguamiento.

Auge minero en Nicaragua y opacidad estatal

Thomas Metal S.A., representada por el ciudadano chino Xiangming Gu, ha sido beneficiada con múltiples concesiones desde 2024. En abril de 2025, recibió permisos por 9,118.9 hectáreas en el municipio de Villanueva, y en junio otras 3,921.84 hectáreas en Siuna y Bonanza, en la Costa Caribe Norte. En total, la empresa suma más de 60,000 hectáreas en concesiones durante 2025.

Thomas Metal es una de al menos cinco compañías chinas que han sido favorecidas por el régimen Ortega-Murillo, acumulando en conjunto más de 250,000 hectáreas de territorio nacional entregadas para minería en los últimos dos años. Datos del Banco Central indican que en 2024 las exportaciones mineras ascendieron a 1,391.6 millones de dólares, con un incremento del 20.1% respecto al año anterior, impulsadas por el oro y la plata. El oro es el principal rubro exportador del país.

Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, de las cuales 172 eran para minería metálica. Sin embargo, activistas como Amaru Ruiz denuncian que estas cifras han aumentado de forma acelerada y sin estudios ambientales adecuados, lo que refleja la falta de transparencia en la gestión de los recursos naturales.

Otra empresa “premiada”: Global Group S.A.

En paralelo, entre el 17 y el 23 de julio de 2025, el MEM otorgó ocho concesiones mineras a Global Group S.A., por un total de 121,877 hectáreas en 15 municipios del norte y centro del país. La empresa es dirigida por Mario José Reyes Morales y Deybi Josué García Gutiérrez, señalados por sus vínculos con la familia presidencial.

Las concesiones otorgadas a Thomas Metal y Global Group S.A. evidencian el creciente control del régimen sobre los recursos naturales, favoreciendo intereses extractivos nacionales y extranjeros, mientras se profundizan las amenazas a los ecosistemas protegidos y a los derechos de las comunidades indígenas y rurales.

Organismos ambientalistas y expertos en derechos humanos insisten en la urgencia de revisar estas decisiones, restaurar el marco legal de protección ambiental y garantizar la participación de las comunidades afectadas.