En Nicaragua, ejercer como juez ya no requiere independencia ni imparcialidad. Con la aprobación de la nueva Ley de Carrera Judicial, la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— ha formalizado lo que en la práctica ya era evidente: el sistema judicial está subordinado al poder absoluto de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La norma fue presentada como un mecanismo para “armonizar” la legislación con la nueva Constitución impuesta tras las reformas de 2025. Pero su contenido refuerza el sometimiento del sistema judicial al Ejecutivo, consolidando un modelo de justicia al servicio del régimen.

Ya no se habla de un Poder Judicial, sino de un órgano judicial, denominación que refleja la degradación institucional. Lejos de ser árbitros imparciales de la ley, los jueces quedan reducidos a empleados del Estado-partido.

Control político disfrazado de administración judicial

El eje de este nuevo orden lo representa el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, una instancia sin independencia, sin contrapesos y totalmente alineada con el oficialismo. Este órgano concentra funciones clave: sancionar, evaluar, ascender, trasladar y destituir jueces.

Tiene el poder de “autorizar licencias o suspensiones, aprobar traslados y designaciones interinas; ordenar la reincorporación o cese de jueces e imponer sanciones disciplinarias, incluyendo la destitución”. En manos de un régimen autoritario, esto convierte a cualquier juez que actúe con criterio propio en un blanco fácil de represalias.

La justificación es la “profesionalización del sistema”, pero en la práctica se trata de un mecanismo de purga interna. Según el texto, cualquier decisión judicial que se interprete como contraria a los intereses del régimen puede ser sancionada como una falta “muy grave”.

“Sistema disciplinario” o represión institucionalizada

La ley establece un régimen de sanciones dividido en faltas leves, graves y muy graves. Algunas suenan razonables, como castigar actos de corrupción o negligencia. Sin embargo, otras categorías son abiertamente vagas y manipulables.

Entre las infracciones muy graves figuran: “resolver contra norma expresa constitucional o legal” y “la intromisión en la función jurisdiccional de otro juez”. Estas definiciones abren la puerta a castigos arbitrarios por simples diferencias interpretativas, especialmente cuando un fallo incomoda al poder.

También se considera grave cualquier “hecho evidente de corrupción o enriquecimiento ilícito”, pero la ley no establece mecanismos de investigación independientes. Es decir, las acusaciones quedan en manos del mismo aparato político que protege a los jueces obedientes y castiga a los críticos.

Evaluaciones como herramienta de vigilancia

Lo que debería ser un sistema de evaluación profesional, se transforma en una red de espionaje interno. Las evaluaciones anuales incluyen aspectos como la “dedicación a tiempo completo” —lo que permite fiscalizar la vida privada— y la “relación con colegas y subordinados”, que puede convertirse en incentivo para las delaciones.

Un juez que cuestione una orden superior puede ser acusado de “conflictivo” por otro colega alineado con el régimen. No se trata de justicia, sino de obediencia.

Una oficialización del sometimiento judicial

La subordinación del Sistema Judicial no comenzó con esta ley. Desde la rebelión cívica de abril de 2018, numerosos jueces han dictado sentencias en juicios políticos con pruebas falsas, sin garantías procesales y bajo órdenes directas. Algunos se exiliaron tras negarse a aplicar leyes represivas como la Ley de Ciberdelitos o la Ley de Agentes Extranjeros.

Lo que hace esta nueva legislación es institucionalizar esa dinámica de sumisión. “Esta nueva ley cerraría la posibilidad de que surjan disidencias internas en el sistema judicial”, advierten analistas.

Desde el ingreso hasta la expulsión: control absoluto

La nueva normativa no deja espacios para el mérito ni para la ética. Regula el ingreso, la formación, los ascensos y las salidas del sistema judicial. Todo está bajo control del Consejo, incluyendo la tramitación de denuncias —frecuentemente anónimas— contra los jueces.

Además, elimina límites para que abogados y notarios afines al régimen accedan a la carrera judicial, ampliando los criterios de habilitación y el control sobre registros notariales.

El resultado es un sistema judicial convertido en apéndice administrativo del Ejecutivo. En un país donde la justicia ha sido utilizada como arma de represión, esta ley no busca mejorar el sistema. Busca blindarlo.