"No perdonen al sandinismo"
El exilio cubano advierte que Nicaragua no puede repetir el error que, según sostiene, permitió el regreso del sandinismo al poder. Para sus principales voces, una nueva amnistía significaría prolongar la impunidad y comprometer cualquier transición democrática.
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DaríoMedios Internacional
7/2/20264 min read
Veinte años después del regreso de Daniel Ortega a la Presidencia de Nicaragua, voces del exilio cubano y figuras cercanas al movimiento anticastrista han lanzado una advertencia que consideran fundamental para el futuro del país: cualquier transición democrática que contemple amnistías o acuerdos políticos con la cúpula sandinista podría reproducir el mismo escenario que permitió al Frente Sandinista reconstruir su poder y consolidar un régimen que hoy es señalado por organismos internacionales por graves violaciones a los derechos humanos.
El llamado surge en medio del debate sobre cuál debería ser el camino para una eventual transición en Nicaragua y qué tipo de responsabilidades deberían asumir quienes integran la estructura política y de seguridad del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Para los opositores cubanos, la experiencia nicaragüense constituye un ejemplo de los riesgos de privilegiar acuerdos políticos sobre mecanismos de justicia.
"No amnistía para los criminales"
Una de las voces más contundentes fue la de la escritora y activista cubana Carolina Barrero, quien aseguró que Nicaragua ya vivió las consecuencias de conceder espacios políticos al sandinismo tras el conflicto armado de los años ochenta.
Durante sus declaraciones, Barrero expresó que una eventual salida democrática no puede construirse sobre nuevas concesiones para quienes considera responsables de la represión ejercida durante los últimos años.
"No amnistía para los criminales. No perdón para Ortega y su familia. Los únicos por los que se debe abogar es por los presos políticos y sus familias", afirmó.
La activista sostuvo que la historia reciente demuestra, a su juicio, que permitir la permanencia de estructuras autoritarias dentro del Estado termina debilitando cualquier proceso de democratización.
Barrero afirmó además que la oposición cubana observa con atención lo ocurrido en Nicaragua precisamente para evitar que un escenario similar pueda repetirse en la isla.
La experiencia nicaragüense como advertencia
Durante su intervención, Barrero recordó que Daniel Ortega logró regresar al poder en 2007 después de haber gobernado el país en la década de 1980.
Según la activista, cualquier transición que no transforme profundamente las instituciones y las estructuras de poder corre el riesgo de facilitar el retorno de proyectos autoritarios.
En ese sentido, insistió en que el objetivo no debe limitarse a un cambio de gobierno, sino que debe garantizar que quienes ejercieron el poder mediante la represión no mantengan capacidad de influencia sobre las instituciones del Estado.
A su juicio, sentarse a negociar con quienes considera perpetradores de violaciones a los derechos humanos podría traducirse en nuevas etapas de inestabilidad política.
Luis Quiñónez: "¿Merece el sandinismo recibir nuevamente el perdón?"
Las declaraciones de Barrero fueron respaldadas por Luis Quiñónez, veterano de guerra estadounidense y exasesor del presidente Donald Trump.
Quiñónez coincidió en que Nicaragua enfrenta una oportunidad histórica para romper definitivamente con el ciclo político que, según afirmó, ha permitido la permanencia del sandinismo durante décadas.
Durante su intervención planteó una interrogante dirigida tanto a la oposición como a la comunidad internacional:
"¿Merece el sandinismo recibir nuevamente el perdón?"
Para el exasesor, cualquier proceso de transición debe garantizar justicia para las víctimas y evitar que quienes participaron en estructuras represivas conserven espacios de poder que puedan utilizar en el futuro.
José Daniel Ferrer: "El sandinismo no entiende de diálogo"
El histórico opositor cubano José Daniel Ferrer también se sumó a las advertencias sobre Nicaragua.
Ferrer aseguró que, desde su experiencia enfrentando al régimen cubano, considera que los gobiernos autoritarios utilizan los procesos de diálogo para ganar tiempo, dividir a la oposición y preservar sus estructuras de control.
Según afirmó, Ortega, Rosario Murillo y la dirigencia sandinista no responderían a mecanismos tradicionales de negociación porque, a su juicio, su prioridad continúa siendo la permanencia en el poder.
El dirigente opositor sostuvo que una transición democrática debe implicar cambios profundos que impidan la continuidad de las estructuras responsables, según dijo, de la persecución política, la represión y las violaciones a los derechos humanos.
El debate sobre justicia o negociación
Las declaraciones de Barrero, Quiñónez y Ferrer vuelven a colocar sobre la mesa uno de los temas más complejos para el futuro de Nicaragua: cómo construir una transición democrática sin reproducir las condiciones que permitieron el fortalecimiento del sandinismo.
Mientras algunos sectores consideran que toda salida política requiere acuerdos para facilitar el cambio de gobierno, otros sostienen que cualquier mecanismo de amnistía para altos funcionarios o responsables de violaciones a los derechos humanos podría traducirse en nuevos ciclos de impunidad.
Ese debate también ha estado presente en otros procesos de transición política en América Latina, donde los alcances de la justicia, las amnistías y las garantías de no repetición han generado posiciones encontradas entre víctimas, organizaciones de derechos humanos y actores políticos.
Para las voces del exilio cubano, la experiencia nicaragüense demuestra que una democracia sostenible requiere instituciones independientes, rendición de cuentas y mecanismos que garanticen justicia para las víctimas.
En su criterio, cualquier solución que preserve intactas las estructuras del sandinismo podría dejar abierta la posibilidad de que el autoritarismo vuelva a reorganizarse.
Así, veinte años después del retorno de Daniel Ortega al poder, el debate sobre el futuro de Nicaragua trasciende las fronteras nacionales y se convierte en una discusión regional sobre cómo enfrentar el legado de los regímenes autoritarios sin sacrificar la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.
