La reciente detención de un migrante nicaragüense por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en Los Ángeles ha reavivado el debate sobre el respeto a los derechos humanos en medio de una creciente militarización y protestas masivas en la ciudad.

Anastasio Enrique Solís Salinas, ciudadano nicaragüense calificado por las autoridades como “delincuente violento”, fue arrestado el pasado 8 de junio durante un operativo que, según el Departamento de Seguridad Nacional DHS, tenía como objetivo capturar a personas con antecedentes penales graves.

Solís Salinas enfrenta cargos previos por violencia doméstica, atropello y fuga, así como crueldad deliberada contra un menor. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos pro inmigrantes han expresado su preocupación por el contexto en el que se realizó la operación.

Según testigos, el operativo de ICE coincidió con manifestaciones pacíficas en defensa de los derechos de los migrantes, las cuales fueron reprimidas con un fuerte despliegue policial y militar. Una situación que ha puesto en conflicto entre gobernadores y el gobierno de Trump.

“El problema no es solo el arresto de personas con antecedentes, sino la forma en que se están utilizando estos casos para justificar redadas masivas, criminalizar a comunidades enteras y restringir el derecho legítimo a la protesta”, señaló Marisol García, portavoz de la organización Human Rights California.

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La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, defendió la operación señalando que “estos atroces criminales, incluyendo abusadores de menores y pedófilos, son algunos de los inmigrantes indocumentados arrestados en Los Ángeles", y cuestionó el compromiso de las autoridades locales para proteger a los ciudadanos. Sus declaraciones fueron vistas por muchos como un intento de deslegitimar el movimiento de protesta y presionar políticamente a los líderes de California.

Desde el inicio de las manifestaciones, numerosos grupos civiles han denunciado el uso desproporcionado de la fuerza, el hostigamiento a los manifestantes y la utilización de las operaciones migratorias como una herramienta de intimidación política por parte de la administración federal.

“Estamos viendo una peligrosa instrumentalización de la política migratoria para silenciar el descontento social y debilitar los derechos civiles en el estado”, advirtió la abogada de derechos civiles Elena Torres. Varios informes documentan detenciones arbitrarias y uso excesivo de fuerza por parte de las autoridades.

El caso de Los Ángeles se suma a la preocupación nacional e internacional sobre el rumbo de las políticas migratorias en Estados Unidos, donde las medidas de control migratorio continúan siendo un foco de controversia, especialmente en estados con grandes comunidades de inmigrantes.