La Dictadura Ortega Murillo, aprobó recientemente un polémico acuerdo de cooperación judicial con Rusia, que ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos y analistas internacionales. Este tratado establece que ambos países se comprometen a no colaborar en procesos judiciales internacionales en contra de sus respectivos ciudadanos, incluso si enfrentan acusaciones por crímenes de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos.

El acuerdo, promovido por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien se encuentra sancionado por Estados Unidos por su papel en la represión del 2018, fue presentado como un acto de defensa de la soberanía nacional. “Estamos protegiendo a personas injustamente perseguidas, detenidas o expulsadas solo por defender ideas o representar instituciones nacionales”, argumentó Rodríguez, alegando que la justicia internacional es utilizada como un “mecanismo de chantaje y castigo político”.

Sin embargo, expertos advierten que el trasfondo del tratado es mucho más inquietante: se trata de un blindaje mutuo entre dos regímenes señalados por crímenes internacionales. El presidente ruso Vladimir Putin enfrenta desde 2023 una orden de captura de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Ucrania. Por su parte, Daniel Ortega y Rosario Murillo, líderes del régimen nicaragüense, están siendo investigados por múltiples violaciones a los derechos humanos, y en Argentina ya enfrentan una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad.

El contenido y el momento del acuerdo sugieren que ambos gobiernos se sienten bajo una amenaza judicial real y creciente. “Este pacto no es otra cosa que una confesión implícita de vulnerabilidad”, señala un analista consultado. “Es como construir un refugio legal para sus élites, una especie de ‘arca de Noé’ diplomática ante la posible intensificación de la presión internacional”.

Un pacto que podría sentar las bases de una alianza global de impunidad entre regímenes autoritarios.

Además de representar un desafío directo a la Corte Penal Internacional y otras instituciones multilaterales, este tratado podría inspirar nuevas alianzas entre gobiernos autoritarios que buscan evadir la justicia. Analistas temen que esta acción abra la puerta a una red internacional de impunidad, donde dictadores y sus allegados encuentren refugio entre sí, lejos del alcance del derecho internacional.

La aprobación de este pacto en Managua no ha sido comentada aún por el codictador Daniel Ortega ni por la codictadora Rosario Murillo, quienes rara vez aparecen en público. Sin embargo, el mensaje es claro: el régimen sandinista se prepara para una eventual intensificación de las acciones legales internacionales en su contra y no descarta alianzas con otros regímenes afines, en una era donde la justicia internacional, aunque limitada, representa una amenaza creciente para los dictadores del siglo XXI.

El acuerdo con Rusia pone en evidencia la estrategia del régimen para protegerse de futuras acusaciones, mientras sigue acumulando denuncias de crímenes contra su propio pueblo, incluyendo represión, torturas, confiscaciones y persecución política. En lugar de someterse al escrutinio internacional, Ortega y Putin optan por la protección mutua, consolidando un modelo que pone en jaque los principios básicos de la justicia universal.