Las exportaciones nicaragüenses sufrieron un duro golpe en agosto, el primer mes bajo los nuevos aranceles del 18 % aplicados por Estados Unidos a los productos de origen nicaragüense.

Según cifras del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), el país dejó de exportar 44,3 millones de dólares a su principal socio comercial, lo que representa una caída del 11,5 % en solo 30 días.

Un desplome inmediato tras la sanción comercial

En julio, Nicaragua había exportado US$385,1 millones a Estados Unidos, bajo el arancel base del 10 %, el mismo que aplica al resto de Centroamérica.

Pero en agosto, con la entrada en vigor del nuevo gravamen exclusivo del 18 % vigente desde el 7 de agosto, las ventas cayeron a US$340,8 millones, reflejando el impacto directo de la sanción.

El golpe no se limitó al mercado estadounidense. Las exportaciones totales del país pasaron de US$869,8 millones en julio a US$746,6 millones en agosto, una pérdida mensual de US$123,2 millones, según el propio MIFIC.

Mientras tanto, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo guarda silencio, sin ofrecer una respuesta oficial ante la magnitud de la caída.

Zonas francas, el epicentro del impacto

Las zonas francas, consideradas el motor de las exportaciones nicaragüenses y del empleo formal, fueron las más afectadas.

Sus ventas se redujeron de US$338 millones a US$318 millones, una contracción que amenaza con golpear directamente a más de 130 000 trabajadores del sector textil y manufacturero.

Entre los productos más afectados se encuentran las prendas de vestir, arneses automotrices, puros y tabaco, hilados de algodón, tejidos sintéticos y camarones cultivados, todos altamente dependientes del mercado estadounidense.

Riesgo de una crisis mayor

El panorama podría agravarse aún más si Washington decide avanzar con la suspensión de los beneficios del Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR), una medida que ya se discute en instancias legislativas y de comercio de Estados Unidos.

El impacto de una eventual exclusión sería devastador para la economía nicaragüense, que depende en más del 60 % de sus exportaciones del mercado norteamericano.
Sin los beneficios arancelarios del CAFTA, la competitividad de Nicaragua se desplomaría, afectando directamente a las inversiones extranjeras y al empleo industrial.

El costo del aislamiento político

Las consecuencias recaen sobre el propio régimen.
La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) determinó recientemente que Nicaragua mantiene “prácticas irrazonables” y violatorias de los derechos humanos y laborales, además de incumplir con los principios básicos del Estado de derecho.

Esta conclusión abrió la puerta a sanciones comerciales bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense, una herramienta que permite penalizar a gobiernos que abusan de su poder o violan compromisos internacionales.

El castigo económico ya se siente: menos divisas, menos exportaciones, más desempleo y una creciente incertidumbre en los sectores productivos.

Mientras tanto, el régimen Ortega-Murillo calla ante un colapso que ya comenzó a reflejarse en las cifras.