El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impulsó y aprobó una reforma constitucional que elimina el derecho a la doble nacionalidad, un cambio legal que podría tener impacto sobre miles de nicaragüenses, especialmente aquellos que viven en el exterior y forman parte de la extensa diáspora del país.

La modificación fue aprobada en primera legislatura por la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, como parte de un paquete de reformas a los artículos que regulan la nacionalidad nicaragüense. La reforma establece que cualquier nicaragüense que adquiera otra nacionalidad automáticamente pierde la nicaragüense, una medida que exigirá una segunda aprobación legislativa para entrar en vigor en 2026.

Reforma exprés y sin consulta pública

El proceso se llevó a cabo de forma acelerada, sin consulta amplia a la ciudadanía ni espacios de debate público. El cambio a los artículos constitucionales se publicó en el diario oficial, marcando un paso formal hacia su ratificación definitiva, que deberá ocurrir en la siguiente legislatura.

La enmienda al artículo 25 de la Constitución especifica que la nacionalidad nicaragüense se perderá en el momento en que un ciudadano adquiera la ciudadanía de otro país. Aunque el artículo 23 mantiene disposiciones sobre la naturalización de extranjeros, la eliminación de la doble nacionalidad directa para nicaragüenses representa una modificación sustantiva en el marco de derechos civiles.

Impacto en nicaragüenses en el exterior

Las organizaciones opositoras y defensores de derechos civiles han advertido que la reforma afecta de forma directa a los nicaragüenses que residen en el exterior y que han adquirido otra nacionalidad, ya sea por razones familiares, laborales o de seguridad. La medida también podría colocar a cientos de miles de personas en situaciones de incertidumbre jurídica, especialmente quienes han vivido años fuera del país y mantienen lazos con otras naciones.

La oposición política ha calificado la reforma como una acción orientada a vigilar, controlar y discriminar a los ciudadanos que optan por una segunda nacionalidad, en un contexto ya marcado por políticas represivas y la reducción de libertades civiles.

Argumentos oficiales

Las autoridades sandinistas han defendido la reforma argumentando que la doble nacionalidad puede representar un conflicto de lealtades, y que la modificación busca “preservar la unidad de la nación”. Señalan también que la reforma no será retroactiva, protegiendo a quienes ya poseen doble o múltiple nacionalidad antes de su entrada en vigor. Esto fue ratificado por figuras oficiales, aunque sus declaraciones también generaron debate sobre el alcance real de la aplicación de la norma.

Críticas y preocupaciones

Organizaciones de derechos humanos y grupos civiles han expresado su preocupación por las implicaciones de esta reforma. Señalan que la eliminación de la doble nacionalidad puede aislar aún más a la diáspora nicaragüense y limitar su participación en la vida política, social y económica del país. También advierten que, aunque la medida se presente como técnica, su aplicación podría utilizarse para castigar a opositores o críticos al régimen.

El debate sobre la reforma constitucional que prohíbe la doble nacionalidad continúa en Nicaragua, en medio de un clima político donde las decisiones del oficialismo suelen adelantarse sin amplios debates ni mecanismos de participación ciudadana efectivos.