En este período no ha faltado represión sistemática y denuncias de crímenes de lesa humanidad.

En 2025, un informe de expertos en derechos humanos de la ONU concluyó que la dictadura llevó a cabo violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país, incluyendo represión de protestas, detenciones arbitrarias, tortura y persecución de opositores, utilizando a la policía y al Ejército.

El estudio señaló estructuras de represión dirigidas desde el Estado y afirmó que estas prácticas han alcanzado niveles que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

El propio gobierno de Ortega y Murillo reaccionó retirando a Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, rechazando las acusaciones como injerencias y declarando su intención de no cooperar con mecanismos internacionales.

Presos políticos y desapariciones forzadas

La represión se traduce en cifras concretas. Organizaciones especializadas estiman que decenas de personas siguen encarceladas por motivos políticos, con reportes que indicaban que al menos 77 personas permanecían detenidas por razones políticas a finales de octubre de 2025, luego un grupo no especificado fue enviado a casa por cárcel.

Además de las detenciones arbitrarias, existe preocupación creciente por desapariciones forzadas y muertes en custodia. En 2025, al menos dos opositores Carlos Cárdenas Zepeda y Mauricio Alonso Petri murieron tras períodos de desaparición forzada bajo custodia del Estado, según informes de organizaciones de derechos humanos.

Exilio y desnacionalización

Como parte de su estrategia represiva, la dictadura ha expulsado y despojado de la nacionalidad a opositores incluidos líderes políticos, activistas, periodistas y religiosos dejándolos en condiciones de vulnerabilidad en el extranjero. En febrero de 2023, unas 222 personas fueron desterradas y despojadas de su ciudadanía, según informes de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Libertad de expresión y medios de comunicación bajo ataque

La prensa independiente en Nicaragua ha sufrido persecución sistemática durante estos años. En el 2018 Radio Darío, emisora ubicada en el departamento de León, fue incendiada mientras su personal se encontraba dentro de las instalaciones. Los trabajadores apenas lograron salir con vida de la peligrosa situación. También el cierre, confiscación y hostigamiento de medios críticos se volvió común.

Medios allanados, periodistas encarcelados y decenas de comunicadores forzados al exilio para poder seguir informando desde fuera de Nicaragua. Organizaciones de prensa denuncian que no existe espacio para el libre ejercicio periodístico dentro del país.

Libertad religiosa y organización social

La violencia se amplió a los grupos religiosos y líderes de iglesias quienes también han denunciado persecución, hostigamiento y restricciones a su actuación social, en un contexto donde cualquier expresión pública de disenso puede derivar en represalias estatales o policiales.

Miles de nicaragüenses han visto sus oportunidades económicas reducidas por la crisis política y la fuga de inversiones, lo que ha acelerado la migración hacia países vecinos y hacia Estados Unidos. La miseria económica y la incertidumbre sobre el futuro de muchos ciudadanos permanecen como consecuencias tangibles de las políticas internas y de aislamiento internacional.

A 19 años del inicio del proyecto político denominado “Pueblo Presidente”, la narrativa oficial sobre tranquilidad y seguridad contrasta fuertemente con la mayoría de informes internacionales y testimonios de derechos humanos.

La existencia de presos políticos, desapariciones forzadas, exilio obligado, muerte en custodia, represión de medios de comunicación y restricciones a las libertades fundamentales sugiere una realidad de miedo, represión y fragmentación social.