Una secuencia de presiones comerciales, acusaciones de narcotráfico y gestos calculados de “cooperación” revela cómo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo logró evitar, al menos por ahora, la suspensión de Nicaragua del CAFTA-DR, mientras Washington reajusta su enfoque sin exigir cambios democráticos de fondo.

Durante meses, el silencio fue el idioma dominante en Managua. No un silencio pasivo, sino uno estratégicamente administrado, interrumpido por señales selectivas destinadas a un observador clave: Estados Unidos. Bajo esa lógica, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo activó una negociación tácita que terminó salvando el acceso preferencial de Nicaragua al acuerdo comercial CAFTA-DR.

El punto de inflexión se produjo cuando en Washington se hizo pública la apertura de una investigación para evaluar la posible suspensión de Nicaragua del tratado. Más allá del comercio, el CAFTA-DR sostiene exportaciones clave y funciona como una de las pocas palancas de presión real sobre el régimen. La amenaza colocó a Managua ante una disyuntiva: resistir el aislamiento o modular su conducta exterior para evitar un golpe económico mayor.

Desde entonces, la narrativa oficial comenzó a mutar, acompañada de movimientos cuidadosamente calculados.

Advertencias desde Washington y acusaciones de narcotráfico

La presión no se limitó al plano comercial. En paralelo, voces influyentes de la política estadounidense elevaron el tono. El entonces presidente Donald Trump afirmó públicamente que regímenes como los de Venezuela y Nicaragua habían sido “tomados por narco-terroristas”, vinculándolos a estructuras criminales transnacionales y señalando al sandinismo como parte de un eje regional encabezado por Nicolás Maduro.

Estas declaraciones, sumadas a la retirada en 2025 de la DEA de Nicaragua por “falta de cooperación” en la lucha contra el narcotráfico, reforzaron la percepción de que el país se había convertido en un corredor estratégico para el tránsito de drogas, protegido por una institucionalidad capturada.

El mensaje era claro: Nicaragua ya no era vista solo como un régimen autoritario, sino como un actor problemático dentro de un entramado criminal regional.

Gestos medidos para evitar la ruptura

Bajo esa presión, el régimen activó concesiones puntuales que, fuera de contexto, podrían interpretarse como señales de apertura. Entre finales del año pasado y lo que va del actual se registraron liberaciones selectivas de presos políticos, restituciones parciales de derechos y, más recientemente, el compromiso de devolver propiedades confiscadas a la iglesia Puerta de la Montaña, vinculada a ciudadanos estadounidenses.

A ello se sumó la restitución de bienes a otros ciudadanos de Estados Unidos, un gesto que Washington interpretó como “buena voluntad” dentro de un marco de presión sostenida. Sin embargo, estas acciones no implicaron un desmontaje del aparato represivo ni una rehabilitación real de las libertades públicas.

El mensaje implícito fue de cooperación mínima hacia afuera, mientras el control interno permanecía intacto.

Washington observa y recalibra

Pese a la investigación sobre el CAFTA-DR y las acusaciones de narcotráfico, Washington optó por no avanzar hacia sanciones comerciales severas. El proceso quedó en una zona gris que permitió a ambas partes medir fuerzas sin una confrontación abierta.

Declaraciones recientes del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Managua, asegurando que su país “no fomentará cambios políticos en Nicaragua”, marcaron un giro discursivo. En Managua, ese mensaje fue leído como una señal de flexibilidad que abría la puerta a preservar la cooperación económica, aun sin avances sustantivos en democracia o derechos humanos.

Una cronología que revela un patrón

El orden de los hechos resulta revelador: primero, la amenaza económica y el señalamiento por narcotráfico; luego, concesiones parciales del régimen liberaciones, devoluciones, silencios estratégicos y finalmente, un discurso estadounidense más cauto, enfocado en estabilidad regional y contención de riesgos mayores.

Documentos del Congreso y comunicados del Departamento de Estado muestran que Nicaragua ha perdido centralidad en la agenda de Washington, desplazada por prioridades como migración, narcotráfico regional y competencia geopolítica global.

El costo humano que no entra en la negociación

Mientras se intercambian gestos diplomáticos, la realidad interna permanece casi intacta. Las estructuras represivas siguen operando, las organizaciones civiles continúan ilegalizadas y la vigilancia estatal se mantiene como norma.

Los excarcelados viven bajo libertad condicionada o en el exilio. Un expreso político lo resumió así, en un testimonio reservado por seguridad: “Nos soltaron, pero no nos devolvieron la vida”.

2026: elecciones en penumbra

Con la mirada puesta en 2026, año de elecciones presidenciales en Nicaragua, algunos analistas interpretan estas concesiones como parte de una estrategia para proyectar una apertura mínima que permita llegar al calendario electoral sin choques mayores con Washington.

La pregunta sigue abierta: ¿existe ya una negociación tácita para administrar el escenario político de 2026 o se trata solo de maniobras tácticas sin intención de cambios reales?

Los documentos oficiales no ofrecen respuestas claras. Lo único evidente es que Nicaragua ha dejado de ser tratada exclusivamente como un Estado paria y ha pasado a ser un expediente gestionado con cautela, silencios estratégicos y equilibrios incómodos.

El silencio ya no es ausencia de conflicto. Es una herramienta de poder. Y su verdadero alcance aún está por definirse.

Análisis completo en Crónicas de DaríoMedios.