El sandinismo ha marcado la historia reciente de Nicaragua con una constante: el exilio. Desde los años ochenta hasta la actualidad, el régimen de Daniel Ortega ha convertido la expulsión de miles de nicaragüenses en una política de Estado.

En 1983, en una Nicaragua militarizada y bajo el control del Frente Sandinista, se promulgó el Decreto-Ley de los Tribunales Populares antisomocistas, publicado en La Gaceta el 11 de abril de ese año. Firmado por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional —con Daniel Ortega Saavedra, Sergio Ramírez Mercado y Rafael Córdova Rivas como protagonistas—, el decreto creó tribunales especiales con jurisdicción absoluta para juzgar a cualquier sospechoso de “colaborar con el somocismo”. En la práctica, el concepto se extendía a todo aquel que pensara diferente al régimen.

El resultado fue un exilio masivo. Entre 1980 y 1990, más de 600,000 nicaragüenses emigraron, muchos hacia Costa Rica, Honduras, Estados Unidos y otros países de la región. No solo se trataba de antiguos guardias somocistas; también huyeron campesinos, exfuncionarios, jóvenes que escapaban de la leva obligatoria y opositores de izquierda. Los tribunales populares funcionaron como herramientas de venganza política que judicializaron la persecución y sembraron el terror social.

De 1983 a 2018: la repetición del ciclo

Treinta y cinco años después, el ciclo se repitió. Esta vez no hubo tribunales populares, pero sí jueces subordinados, policías políticos y paramilitares armados. Las protestas de abril de 2018, originadas por reformas al seguro social, desataron la represión más brutal de la historia reciente. Más de 355 personas fueron asesinadas, miles resultaron heridas y centenares encarceladas. Como en los ochenta, la única salida fue el exilio.

Según organismos internacionales, más de 700,000 nicaragüenses han abandonado el país desde 2018, huyendo de leyes represivas como la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Soberanía, que han permitido al régimen criminalizar la opinión, clausurar medios de comunicación, ilegalizar ONGs y despojar de la nacionalidad a más de 300 ciudadanos.

El exilio como política de Estado

Lo que comenzó como un decreto “temporal y excepcional” en 1983, se volvió permanente. Hoy, Ortega y Rosario Murillo han perfeccionado la fórmula del destierro como arma política. El exilio ya no es una consecuencia de la guerra, sino una estrategia de control.

De los Tribunales Populares antisomocistas a las leyes de soberanía y ciberdelitos, Ortega ha demostrado que no necesita fusiles para expulsar a la disidencia: basta con un juez obediente, una fiscal alineada y una cárcel llena.

En los ochenta, Ortega era un joven líder revolucionario que firmaba decretos para expulsar al “enemigo interno”. Hoy, cuatro décadas después, sigue en el poder, más autoritario que nunca, acompañado por su esposa y vicepresidenta. Nicaragua se vacía nuevamente, atrapada en un ciclo de represión y destierro que ya forma parte del legado sandinista.