La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo amplió sus purgas internas al acusar formalmente de “traición a la patria” a dos figuras con amplio peso político y académico en León: Evertz Antonio Delgadillo Moreno, exsecretario político departamental del Frente Sandinista y Fernando Arnoldo Montes Quintanilla, vicerrector de Vida Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León).

Ambos fueron detenidos el pasado 19 de septiembre y permanecen en el Centro Penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”. El viernes 26 de septiembre, en una audiencia virtual, el juez Séptimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, Francisco Mairena, decidió mantener la prisión preventiva y fijó el juicio oral y público para el 30 de septiembre de 2025.

Los medios oficialistas afirmaron que el Ministerio Público presentó “pruebas testimoniales y documentales” contra los acusados, señalándolos de participar en “actividades criminales y terroristas”. Sin embargo, analistas políticos advierten que la acusación se inscribe en la creciente desconfianza del régimen hacia sus propias filas.

Un mensaje interno: nadie está a salvo

La captura de Delgadillo Moreno y Montes Quintanilla envía una señal clara de Rosario Murillo a las bases sandinistas: nadie es intocable, por más leal o cercano que parezca. En los últimos meses, el oficialismo ha desplazado a varios cuadros históricos, reemplazándolos con figuras más jóvenes y dependientes del círculo de Murillo, en un intento por blindar el control interno y prevenir deserciones o posibles traiciones.

Murillo ha repetido en sus discursos que la “traición” no será perdonada, alimentando el clima de miedo dentro de su propio partido. Para los críticos, este tipo de juicios contra exiliados no solo buscan escarmentar, sino también reafirmar que la lealtad absoluta al binomio presidencial es la única garantía de sobrevivir en el aparato estatal.

Delgadillo, un “líder represor” en la mira internacional

El caso de Evertz Delgadillo es especialmente llamativo: con 63 años, había sido identificado en abril de 2025 por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU como uno de los 54 altos funcionarios responsables de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Aunque fue removido de su cargo en 2022, regresó al control político de León hasta inicios de septiembre de 2025, cuando fue sustituido por José Ramón Sarria. Apenas un mes después, terminó acusado de traición y encarcelado.

Por su parte, Fernando Montes Quintanilla, de 38 años, ocupaba desde 2022 la vicerrectoría de Vida Estudiantil de la UNAN-León. Su trayectoria política se remonta a 2018, cuando era presidente del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN), una organización estudiantil históricamente afín al sandinismo, clave en el control de los campus universitarios.

Un régimen que se vigila a sí mismo

El encarcelamiento de estos dos personajes refuerza la idea de que el régimen Ortega-Murillo vive atrapado en su propia paranoia. Si antes la persecución se centraba en la oposición política, hoy también golpea a quienes formaron parte de su maquinaria represiva.

Con esta acción, Murillo transmite un mensaje inequívoco: en su lógica de poder, la traición no se mide por los hechos, sino por la percepción de deslealtad, y en ese terreno cualquiera puede convertirse en enemigo.