En medio de una crisis prolongada que ha empujado a cientos de miles de ciudadanos a abandonar el país desde 2018, Rosario Murillo vuelve a proyectar una imagen de respaldo masivo. Según resultados divulgados por la firma MyR Consultores encuesta señalada por críticos como cercana al oficialismo la dirigente sandinista alcanzaría un 89.6 % de aprobación.

De acuerdo con los datos difundidos por medios oficialistas, el 86.7 % de los consultados considera que el país va por el “rumbo correcto”, mientras que el 77.5 % califica la situación económica como “muy buena”.

Las cifras contrastan con indicadores migratorios que muestran una salida sostenida de nicaragüenses hacia Estados Unidos, Costa Rica y otros destinos de la región. La brecha entre los datos oficiales y la percepción de amplios sectores ciudadanos ha generado una ola de comentarios irónicos en redes sociales.

“Si me evalúo yo mismo, me pongo 100”, escribió un usuario. Otro comentario replicado en distintas plataformas cuestionó: “Si somos el segundo mejor gobierno, ¿por qué emigran miles?”. El tono dominante ha sido de escepticismo frente a lo que muchos califican como una narrativa propagandística.

El contexto político de la “copresidencia”

Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, ejerce la Vicepresidencia y es considerada la principal vocera y operadora política del oficialismo. En los últimos años, la concentración de poder en la pareja gobernante ha sido señalada por organismos internacionales y gobiernos extranjeros como un factor de deterioro democrático.

El concepto de “copresidencia”, utilizado en el discurso oficial para describir la dinámica de poder entre Ortega y Murillo, ha sido cuestionado por críticos que lo consideran una construcción política sin respaldo constitucional explícito y diseñada para consolidar la permanencia del núcleo familiar en el poder.

Para analistas independientes, la difusión de encuestas con niveles de aprobación extraordinariamente altos forma parte de una estrategia de legitimación interna y externa, especialmente en un entorno donde no existen elecciones competitivas, observación internacional independiente ni garantías plenas para la oposición.

Propaganda versus realidad social

Desde abril de 2018, Nicaragua ha experimentado una profunda crisis sociopolítica que derivó en protestas masivas, represión estatal y un éxodo significativo de ciudadanos. Organismos de derechos humanos han documentado detenciones, restricciones a la prensa independiente y limitaciones a la participación política.

En ese contexto, la narrativa oficial insiste en presentar estabilidad, crecimiento y respaldo popular casi unánime. Sin embargo, críticos sostienen que en ausencia de pluralismo político y con severas restricciones a la oposición, resulta imposible contrastar libremente esos niveles de aprobación.

La pregunta que circula entre sectores organizados dentro y fuera del país es directa: si la aprobación roza el 90 %, ¿por qué no convocar a elecciones libres con observación internacional independiente? ¿Por qué mantener restricciones políticas si el respaldo ciudadano es tan amplio?

Entre el discurso y la migración

Mientras la propaganda oficial habla de “rumbo correcto” y prosperidad económica, miles de familias continúan tomando la decisión de migrar. La salida constante de nicaragüenses se ha convertido en uno de los indicadores sociales más visibles de la crisis estructural que atraviesa el país.

Para críticos del régimen, la aparente desconexión entre las cifras de aprobación y la realidad migratoria expone la fragilidad del relato oficial. Para el oficialismo, en cambio, los números reflejan estabilidad y respaldo popular frente a presiones externas.

Lo cierto es que, más allá de porcentajes y titulares favorables, el debate sobre legitimidad, transparencia y participación democrática sigue abierto. En una nación donde el poder está altamente centralizado y el espacio cívico es limitado, las encuestas oficiales no solo miden aprobación: también se convierten en herramientas políticas.

Y en ese escenario, la autoproclamada “reina de la aprobación” enfrenta una pregunta que ninguna encuesta controlada puede disipar: ¿respaldo medido o respaldo verificado en las urnas?