Murillo prefiere romper con Italia antes que entregar a un terrorista
En respuesta, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo rompió relaciones con Italia, reavivando las críticas por proteger a prófugos de la justicia internacional.
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DaríoMedios Internacional
7/20/20263 min read
La decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de romper relaciones diplomáticas con Italia volvió a colocar a Nicaragua en el centro de la polémica internacional, luego de que el Gobierno italiano reiterara su solicitud de extradición del terrorista Alessio Casimirri, condenado por uno de los crímenes más emblemáticos de la historia contemporánea de ese país.
El canciller italiano, Antonio Tajani, renovó públicamente la petición durante el Foro de la Libertad, celebrado el 15 de julio en Madrid, donde denunció que Nicaragua continúa brindando protección a Casimirri, uno de los antiguos integrantes de las Brigadas Rojas, organización responsable de múltiples atentados terroristas en Italia durante las décadas de 1970 y 1980.
La reacción del régimen sandinista fue inmediata. En lugar de atender la solicitud de extradición, Ortega y Murillo anunciaron la ruptura de relaciones diplomáticas con Italia, una decisión que ha generado cuestionamientos dentro y fuera de Nicaragua.
Más de cuatro décadas bajo protección del sandinismo
Alessio Casimirri es uno de los exmiembros más conocidos de las Brigadas Rojas, grupo armado de extrema izquierda que sembró el terror en Italia mediante secuestros, asesinatos y atentados contra funcionarios del Estado.
La justicia italiana lo condenó a seis cadenas perpetuas por su participación en el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro, ocurrido en 1978, además de otros homicidios atribuidos a la organización terrorista.
Tras huir de Italia para evadir la justicia, Casimirri pasó por Cuba antes de establecerse en Nicaragua en 1983, donde recibió protección del entonces gobierno sandinista encabezado por Daniel Ortega.
Desde entonces ha permanecido en territorio nicaragüense, protegido por los sucesivos gobiernos sandinistas y sin que prosperen los múltiples intentos de extradición promovidos por las autoridades italianas.
Una solicitud que desató una crisis diplomática
La petición formulada por Italia no constituye un hecho aislado. En diferentes ocasiones, tanto el Gobierno italiano como instancias vinculadas a la Unión Europea han solicitado la entrega de Casimirri para que cumpla las condenas impuestas por los tribunales de su país.
Sin embargo, la reciente decisión del régimen de romper relaciones diplomáticas con Roma elevó la controversia a un nuevo nivel.
Para diversos analistas, la reacción de Ortega y Murillo evidencia la determinación del sandinismo de seguir protegiendo a personas reclamadas por la justicia internacional, incluso a costa de deteriorar sus relaciones con países democráticos.
Nicaragua, señalada como refugio de prófugos internacionales
Especialistas consultados sobre el caso sostienen que la permanencia de Casimirri en Nicaragua forma parte de un patrón de protección política que el régimen ha mantenido durante décadas hacia personas buscadas por distintos sistemas judiciales.
Consideran que esta política trasciende las afinidades ideológicas y responde también a una lógica de alianzas y reciprocidades entre gobiernos y actores vinculados al llamado bloque de izquierda radical.
Algunos analistas sostienen que el régimen podría aspirar a recibir un trato similar de países aliados en caso de que, en el futuro, altos funcionarios sandinistas enfrenten procesos ante la justicia internacional o tribunales nacionales.
Un nuevo costo para la imagen internacional del régimen
La decisión de romper relaciones con Italia añade un nuevo episodio al creciente aislamiento diplomático de Nicaragua.
Mientras Roma insiste en que Casimirri debe responder ante la justicia por los delitos por los que fue condenado, el régimen sandinista mantiene su negativa a colaborar y continúa ofreciendo protección a uno de los prófugos más buscados por las autoridades italianas.
Para diversos observadores, el caso vuelve a poner en evidencia las tensiones entre Managua y las democracias occidentales, así como los cuestionamientos sobre el uso del territorio nicaragüense como refugio de personas requeridas por la justicia internacional.
La controversia también reabre el debate sobre el costo político y diplomático que asume el régimen de Ortega y Murillo al mantener bajo su protección a figuras condenadas por terrorismo, una postura que sigue deteriorando la imagen de Nicaragua en el escenario internacional.
