La vicepresidenta y codictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció este mediodía la aprobación de una nueva y polémica ley denominada "Todos contra la Corrupción", una medida que, aunque presentada como una cruzada para erradicar la malversación de fondos en el Estado, ha sido interpretada por analistas como el instrumento definitivo para consolidar su poder absoluto dentro del Frente Sandinista.

La nueva legislación, que será ejecutada bajo la sombra de la Procuraduría General de la República, otorga al régimen una herramienta legal para iniciar procesos penales contra cualquier funcionario o militante sandinista, bajo sospecha de corrupción. Sin embargo, más allá de su fachada moralizante, la ley llega en un contexto político especialmente tenso: las recientes detenciones de figuras clave como Bayardo Arce, la misteriosa fuga del exjefe de la Seguridad del Estado, Lenín Cerna, y un evidente quiebre dentro de las filas históricas del FSLN.

“La ley reconoce el tsunami de corrupción en Nicaragua y en el mundo”, afirmó Murillo durante su alocución en medios oficiales, sin aludir en ningún momento a los escándalos de corrupción que han salpicado a su propio entorno, incluido el uso del presupuesto público para beneficio personal y familiar, según señalamientos reiterados de organismos internacionales.

Analistas: “Es una ley para barrer con los leales incómodos”

Según analistas consultados por medios independientes, esta legislación representa una peligrosa evolución de las purgas políticas que Murillo ha venido ejecutando silenciosamente desde hace años. “Con esta ley, Rosario Murillo no solo institucionaliza el miedo entre los suyos, sino que legaliza la persecución de cualquier sandinista que se atreva a disentir, incluso en privado”, señaló un politólogo nicaragüense exiliado, bajo condición de anonimato.

La medida llega tras la virtual desaparición del Frente Sandinista como partido político funcional. Lo que antes fue un aparato ideológico orgánico ahora se reduce a una red de lealtades personales sostenidas por el terror y la obediencia ciega. En este nuevo orden interno, ningún funcionario puede considerarse a salvo: incluso renunciar podría ser interpretado como una traición y castigado con cárcel.

Corrupción oficial ignorada, oposición criminalizada

La paradoja de la ley radica en su aplicación: mientras el régimen es ampliamente acusado de desvío de fondos públicos, opacidad fiscal, sobrecostos en megaproyectos y nepotismo estructural, ahora pretende erigirse como el defensor de la ética estatal. “Es el lobo acusando al cordero de comerse las ovejas”, señalan analistas.

Más que una política anticorrupción, esta ley es interpretada como un instrumento de purga interna y de reconfiguración del poder absoluto. Para Rosario Murillo, se trataría de una manera de deshacerse de aquellos leales históricos que, aunque obedientes en el pasado, podrían representar un riesgo futuro ante una eventual sucesión del poder o fractura interna del régimen.

La dictadura se blinda desde dentro

La aprobación de la Ley Todos contra la Corrupción no solo cierra aún más el espacio para la crítica dentro del oficialismo, sino que además blinda legalmente la represión contra cualquier intento de disidencia institucional. Bajo esta nueva lógica, la dictadura no necesita enemigos externos: el mayor peligro para Murillo está, precisamente, en su propio aparato.

Con el sistema judicial totalmente cooptado, la ley se convierte en un mecanismo de control disciplinario. “El mensaje es claro: si no eres útil, serás culpable”, concluye un exfuncionario del Poder Judicial ahora exiliado en Costa Rica.

La maquinaria de Rosario Murillo avanza sin pausa, y esta nueva legislación representa otro clavo en el ataúd de lo que fue, alguna vez, un proyecto político de masas. En la Nicaragua de hoy, la corrupción ya no es solo un delito: es una excusa para aplastar cualquier sombra de autonomía.