En menos de dos meses, una tercera y cuantiosa incautación de drogas por parte de las autoridades de El Salvador vuelve a señalar directamente a Nicaragua y a la dictadura sandinista dirigida por Rosario Murillo como una pieza clave de la ruta del narcotráfico en Centroamérica con destino a Estados Unidos.

En esta ocasión, más de 398 kilogramos de cocaína fueron decomisados en las playas salvadoreñas de Toluca, un cargamento que, de acuerdo con estimaciones oficiales, alcanzaría un valor superior a 422 millones de dólares en el mercado estadounidense. El hallazgo se suma a otras incautaciones recientes que evidencian un patrón reiterado de operaciones marítimas procedentes de territorio nicaragüense.

El ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, confirmó el operativo y fue enfático al reiterar que su país no permitirá convertirse en corredor del crimen organizado. Según datos oficiales, en lo que va de 2026 las autoridades salvadoreñas han incautado más de 2.815 kilogramos de cocaína transportados en narcolanchas que, según los informes de inteligencia regional, tuvieron su origen en Nicaragua.

De acuerdo con Villatoro, la ruta del narcotráfico sigue un esquema ya identificado: los cargamentos salen desde costas nicaragüenses, avanzan hacia Guatemala y culminan su trayecto en Estados Unidos. Esta dinámica ha colocado al país gobernado por la dictadura sandinista como el principal punto de origen de la narcoruta centroamericana, un señalamiento que se repite con cada nuevo decomiso.

El Salvador se ha convertido, en este contexto, en un muro de contención regional contra el narcotráfico, con respaldo explícito de Estados Unidos. Washington ha reiterado su disposición de apoyar a los gobiernos que enfrenten de manera real y verificable al crimen organizado transnacional, en contraste con los regímenes que simulan cooperación mientras permiten o toleran las operaciones ilícitas.

Frente a estos señalamientos, el Ejército de Nicaragua, bajo órdenes directas de Rosario Murillo, ha intentado desmentir la existencia de estructuras del narcotráfico en el país, asegurando que mantiene una supuesta lucha antidrogas. Sin embargo, los hechos contradicen el discurso oficial: las incautaciones provenientes de Nicaragua continúan acumulándose fuera de sus fronteras, mientras dentro del país no se reportan decomisos de magnitud comparable ni procesos judiciales creíbles contra grandes estructuras criminales.

La desconfianza internacional se profundizó tras la salida oficial de la DEA de Nicaragua en 2025, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos señalara que el régimen sandinista no compartía información confiable ni datos verificables sobre su supuesta cooperación antidrogas. En lugar de corregir el rumbo, la dictadura de Murillo optó por estrechar acuerdos de seguridad con Rusia y China, países sin interés en transparentar ni combatir las rutas del narcotráfico regional.

Paradójicamente, en las últimas semanas la Embajada de Estados Unidos en Managua ha reforzado su coordinación con el Comando Sur, abriendo un nuevo frente de vigilancia regional contra el crimen organizado. Este movimiento coloca a la dictadura sandinista en una posición de creciente presión, al quedar expuesta ante un cerco internacional cada vez más amplio.

Analistas advierten que la reiteración de incautaciones vinculadas a Nicaragua no solo compromete al Estado, sino que apunta directamente a Rosario Murillo, hoy señalada por autoridades estadounidenses como la figura que dirige el régimen y sus principales engranajes de poder. La acumulación de evidencias podría llevar a un punto de quiebre político y diplomático, en el que la omisión, tolerancia o colaboración con el narcotráfico deje de ser sostenible incluso para sus aliados circunstanciales.

Mientras tanto, cada nueva narcolancha interceptada fuera de Nicaragua refuerza una conclusión incómoda para el régimen: la narcoruta centroamericana sigue teniendo su punto de partida en un país gobernado por una dictadura que niega lo evidente, mientras la región y Estados Unidos toman nota.