La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo activó una ofensiva de persecución y presión política tras la fuga de Amelia Ibarra Rojas, esposa del exasesor presidencial Bayardo Arce, quien permanece encarcelado y visiblemente deteriorado. La salida del país, realizada bajo condiciones irregulares y según versiones por puntos ciegos hacia Costa Rica, ha provocado una reacción de pánico en el círculo de poder, que teme una eventual ruptura del silencio alrededor del caso.

Fuentes cercanas al entorno del sandinismo describen un clima de nerviosismo dentro del aparato estatal, alimentado por la posibilidad de que Amelia Ibarra decida hablar fuera del alcance represivo del régimen. El temor no se limita a lo personal: se vincula al conocimiento privilegiado que la esposa de Arce tendría sobre estructuras empresariales, alianzas y mecanismos financieros construidos durante décadas bajo la tutela política del orteguismo.

Una fuga que expone el miedo del régimen

La huida de Ibarra Rojas ocurrió tras semanas de asedio y vigilancia. La residencia familiar, ubicada al sur de Managua, permanecía bajo monitoreo constante desde el arresto de Bayardo Arce, ejecutado hace cinco meses bajo el argumento de supuestos actos de corrupción, aunque hasta la fecha no se conoce una acusación formal ni un proceso transparente.

En ese contexto, la salida repentina de Amelia y de su hermano Amílcar Ibarra Rojas, presidente de la Junta Directiva de Agricorp una de las principales empresas agroindustriales del país, se percibe como un movimiento desesperado de autoprotección. Según versiones periodísticas, ambos habrían percibido un riesgo inminente de encarcelamiento y optaron por abandonar Nicaragua de forma apresurada.

Murillo endurece el control y busca cerrar el paso

De acuerdo con información divulgada por medios independientes, la pareja habría sido citada en más de una ocasión a la Procuraduría General de la República, donde se les interrogó bajo señalamientos de presunto “lavado de dinero”, una acusación recurrente utilizada por el régimen para someter, neutralizar o justificar purgas contra figuras consideradas “incómodas”.

Tras una segunda citación, ya no volvieron a presentarse, lo que habría acelerado la decisión de salir del país. En paralelo, se conoció que Murillo habría recriminado a estructuras policiales por no impedir el escape, lo que sugiere que existía un objetivo claro: retenerlos dentro de Nicaragua, bajo control y con la amenaza del encarcelamiento como herramienta de presión.

Para analistas, la reacción del régimen confirma que la dictadura no está actuando por justicia ni por “investigación administrativa”, sino por miedo a la información que podría salir a la luz.

La maquinaria de linchamiento mediático entra en escena

El nerviosismo oficial se trasladó rápidamente al campo propagandístico. En las últimas horas, voceros y operadores digitales afines al sandinismo comenzaron a instalar una narrativa de criminalización contra los hermanos Ibarra, señalándolos públicamente con acusaciones de delincuencia y corrupción.

En particular, el influencer progubernamental Edwin Suárez Martínez, conocido como “el Gato Sandinista”, confirmó la huida e impulsó una campaña de descrédito, un patrón habitual en el aparato de propaganda: primero exponen, luego acusan, y después justifican cualquier forma de persecución.

Bajo esta lógica, la dictadura intenta convertir la fuga en un “caso penal” mediático para blindarse políticamente, mientras lanza un mensaje intimidatorio a cualquiera dentro del sandinismo que piense en romper filas.

Bayardo Arce: de arquitecto económico a enemigo interno

Bayardo Arce fue durante años uno de los hombres más poderosos del sandinismo. Operó como figura clave en el diseño del modelo económico del régimen y como enlace de alto nivel con sectores empresariales. Su caída en desgracia no solo marca una purga interna: revela las fracturas del orteguismo y la transformación del régimen en una estructura donde nadie, ni siquiera un histórico, está a salvo.

Desde su arresto, familiares reportan una ausencia total de información oficial sobre su estado de salud o condiciones de detención. Fuentes cercanas aseguran que Arce presenta una delgadez extrema y signos visibles de deterioro, mientras el régimen mantiene su caso rodeado de hermetismo, como si se tratara de un prisionero sin derechos.

El verdadero temor: lo que Amelia podría revelar

Más allá del espectáculo de “corrupción”, lo que realmente inquieta al régimen es el conocimiento que Amelia Ibarra tendría sobre el entramado económico del sandinismo. Su vínculo directo con Bayardo Arce y su conexión familiar con Agricorp la sitúan como una figura que podría aportar información delicada sobre negocios, movimientos patrimoniales y relaciones internas de poder.

Agricorp, considerada una de las estructuras corporativas más influyentes del país, llegó a manejar decenas de marcas y operaciones de alto alcance. En los últimos años, la dictadura habría utilizado este tipo de emporios como herramienta de control económico, privilegios y pactos internos. La eventual filtración de información desde fuera del país sería una amenaza directa a esa arquitectura.

Por eso el caso tiene el sello típico del régimen: cuando el control se rompe, la respuesta es persecución.

Una dictadura que no persigue justicia, persigue silencio

Las señales son claras: el régimen no está buscando esclarecer hechos, sino mantener cerrada una caja peligrosa. La presión, los mensajes de intimidación y la intención de exponer públicamente a los hermanos Ibarra confirman que Murillo no tolera fugas, ni disidencias, ni “salidas no autorizadas”.

El caso Bayardo Arce exhibe las fisuras internas del sandinismo y retrata a un poder que ya no se sostiene por coherencia política, sino por miedo, purgas y castigos.

La fuga de Amelia Ibarra no solo rompió el cerco policial: rompió una regla sagrada dentro del régimen. Y en el orteguismo, quien rompe el pacto de silencio se convierte automáticamente en objetivo.