Murillo culmina la purga de Alba Luz Ramos
La salida de Ramos cierra una purga de casi tres años y deja a Murillo con mayor control sobre la Corte Suprema de Justicia.
ESCENARIO NACIONALNACIÓNPOLÍTICA
DaríoMedios Internacional
8/29/20264 min read
Rosario Murillo culminó uno de los procesos de purga interna más prolongados dentro de la estructura de poder de la dictadura sandinista. Alba Luz Ramos, una de las últimas figuras vinculadas al círculo político de Daniel Ortega que permanecía formalmente dentro de la Corte Suprema de Justicia, presentó su renuncia como magistrada presidenta y esta fue aceptada por el Poder Judicial.
Según la información publicada en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 25 de agosto y confirmada por el Poder Legislativo, Ramos dejó oficialmente el cargo que ocupó durante más de 13 años después de haber sido designada por Daniel Ortega. Su salida formaliza una separación que, en la práctica, había ocurrido desde octubre de 2023, cuando fue expulsada de su oficina por la Policía al servicio del régimen.
Una purga que comenzó en octubre de 2023
Ramos permaneció aproximadamente dos años y diez meses apartada de sus funciones oficiales. Su salida no ocurrió mediante una renuncia inmediata, sino después de una intervención policial contra su entorno institucional.
En octubre de 2023, la Policía sandinista desalojó a Ramos de su oficina y posteriormente fueron detenidas más de 40 personas que formaban parte de su equipo técnico, quienes permanecieron encarceladas durante más de cuatro meses, según información de medios independientes.
Desde entonces, la exmagistrada habría permanecido bajo vigilancia y hostigamiento, además de enfrentar restricciones de movilidad en su domicilio, de acuerdo con fuentes citadas por medios de comunicación independientes.
La purga, sin embargo, no llegó inmediatamente a su desenlace. Durante casi tres años, Ramos permaneció en una especie de limbo institucional: apartada del ejercicio efectivo del cargo, pero sin una salida formal de la Corte Suprema.
La disputa interna por el control judicial
Fuentes vinculadas a la Corte Suprema consultadas por DaríoMedios aseguran que la permanencia de Ramos estuvo relacionada con las diferencias existentes dentro de la propia estructura de poder del régimen.
De acuerdo con estas fuentes, Ramos mantenía mayor cercanía política con Daniel Ortega que con Rosario Murillo, lo que habría convertido su permanencia en una pieza incómoda dentro de la progresiva concentración de poder de la vicepresidenta.
Las mismas fuentes sostienen que Ortega se habría opuesto durante un periodo a la expulsión definitiva de Ramos, mientras Murillo avanzaba en el proceso para desplazar a figuras vinculadas a la vieja estructura de poder del mandatario.
La aceptación de su renuncia marca ahora el cierre formal de ese pulso interno.
Murillo consolida el control sobre la Corte Suprema
Para las fuentes vinculadas al Poder Judicial consultadas por este medio, la salida definitiva de Ramos representa mucho más que el retiro de una magistrada. Es la consumación de una purga que permite a Murillo afianzar su control sobre uno de los poderes fundamentales del Estado.
La Corte Suprema de Justicia ha sido una pieza central del aparato institucional de la dictadura y su control resulta estratégico para Ortega y Murillo. La salida de una figura identificada con el entorno de Ortega reduce todavía más la presencia de los antiguos grupos de poder dentro de esa estructura.
El movimiento también ocurre en un momento en que la figura de Daniel Ortega se encuentra cada vez más debilitada por su avanzada edad y los problemas de salud que han quedado expuestos públicamente, mientras Murillo concentra progresivamente mayores espacios de decisión dentro del régimen.
La purga no habría terminado
Las fuentes consultadas por DaríoMedios sostienen que la salida de Ramos no constituye el final de la depuración interna, sino otro paso en el proceso mediante el cual Murillo busca eliminar los últimos vestigios de la vieja estructura política vinculada a Ortega.
Entre las figuras que todavía representarían obstáculos para esa consolidación mencionan a Ana Julia Guido, fiscal general de la República, además de otras autoridades y jefaturas institucionales.
El patrón que describen las fuentes es el de una progresiva sustitución de funcionarios que durante años estuvieron vinculados directamente a Ortega por figuras cuya permanencia dependa cada vez más de Murillo.
La salida de Ramos adquiere así un significado político que trasciende su propia figura: la dictadora estaría terminando de cerrar los espacios que todavía quedaban dentro del aparato estatal para quienes pertenecieron al antiguo círculo de confianza de Ortega.
De magistrada presidenta a relegada
Ramos pasó de dirigir la Corte Suprema de Justicia a permanecer prácticamente fuera del aparato que durante años encabezó. Su caída refleja la transformación interna del poder dentro de la dictadura.
Durante más de una década ocupó una de las posiciones judiciales más importantes del país. Fue designada por Ortega y permaneció al frente de la Corte mientras el Poder Judicial desempeñaba un papel fundamental en la consolidación institucional del régimen.
Pero en 2023 dejó de tener control efectivo sobre su despacho y su entorno fue golpeado por una operación policial que terminó con decenas de integrantes de su equipo detenidos.
Ahora, casi tres años después, su renuncia termina de cerrar el capítulo.
La diferencia entre ambas etapas también retrata la mutación del poder dentro de la dictadura: lo que alguna vez fue una figura respaldada por Ortega terminó convertida en una funcionaria expulsada de su propio despacho y finalmente apartada de manera definitiva del Poder Judicial.
El poder cambia de manos
La salida de Alba Luz Ramos deja una señal clara sobre la disputa por el control interno de la dictadura. La estructura que durante años estuvo organizada alrededor de Daniel Ortega está siendo progresivamente modificada bajo el creciente predominio de Rosario Murillo.
La aceptación de la renuncia de Ramos no borra los casi tres años de persecución y aislamiento institucional, pero sí formaliza el resultado de una purga que comenzó con el desalojo policial de 2023 y termina ahora con su salida definitiva.
