Murillo ajusta cuentas con Alba Luz Ramos
La medida reaviva las dudas sobre su situación dentro del régimen y su permanencia en el máximo tribunal del país.
ESCENARIO NACIONALNACIÓNPOLÍTICA
DaríoMedios Internacional
7/20/20263 min read
La magistrada Alba Luz Ramos, quien durante años presidió la Corte Suprema de Justicia y aún figura oficialmente como integrante del máximo tribunal del país, fue despojada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de su autorización para ejercer la abogacía en Nicaragua.
La información trascendió luego de que su nombre apareciera en el listado de más de 2,000 abogados a quienes el régimen canceló de forma administrativa su autorización para ejercer la profesión o realizar gestiones dentro del sistema judicial mediante su identificación de abogado.
La revelación, difundida por el periodista Miguel Mendoza, vuelve a poner el foco sobre la situación de Ramos, quien permanece prácticamente desaparecida de la vida pública desde 2023.
Tres años de aislamiento
La decisión representa un nuevo episodio en el prolongado proceso de marginación política que ha enfrentado la magistrada durante los últimos años.
Desde 2023, Alba Luz Ramos ha permanecido fuera de la actividad pública tras ser apartada de las funciones que ejercía dentro de la Corte Suprema de Justicia.
Diversas versiones indican que desde entonces permanece bajo vigilancia permanente en su vivienda, sin posibilidad de retomar sus actividades institucionales y con fuertes restricciones impuestas por el régimen.
Aunque oficialmente nunca ha sido destituida del cargo de magistrada, tampoco ha vuelto a participar en sesiones públicas ni en actos oficiales del Poder Judicial.
La carta que no disipó las dudas
El 9 de mayo de 2026, medios oficialistas divulgaron una carta atribuida a Alba Luz Ramos en la que aseguraba encontrarse en buen estado y desmentía versiones sobre su situación.
Sin embargo, la reciente decisión de retirarle su autorización para ejercer la abogacía contradice la imagen de normalidad que intentó proyectar el régimen y vuelve a alimentar las interrogantes sobre las condiciones en las que permanece la magistrada.
La medida también genera un inusual escenario jurídico: una funcionaria que continúa figurando oficialmente como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, pero que ya no cuenta con autorización para ejercer la profesión que constituye el requisito esencial para integrar el máximo tribunal del país.
Golpes contra su entorno
La caída en desgracia de Alba Luz Ramos no solo la alcanzó a ella.
Tras su salida de la presidencia de la Corte Suprema, varios integrantes de su equipo técnico fueron detenidos y permanecieron durante más de siete meses encarcelados en el Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron en su momento que aquellos arrestos respondían a una purga interna dentro del aparato judicial impulsada por el régimen.
¿El paso previo a su destitución definitiva?
La cancelación de su condición como abogada también abre interrogantes sobre su permanencia como magistrada.
Hasta ahora, Alba Luz Ramos conserva formalmente su cargo dentro de la Corte Suprema de Justicia, aunque desde hace casi tres años no ejerce funciones públicas ni participa en decisiones del tribunal.
Fuentes vinculadas al oficialismo han señalado en distintas ocasiones que Daniel Ortega habría evitado su destitución definitiva por razones políticas e históricas.
Sin embargo, la reciente inhabilitación para ejercer la abogacía es interpretada por distintos observadores como una nueva muestra del debilitamiento de su posición dentro del régimen y podría anticipar una decisión definitiva sobre su permanencia en el Poder Judicial.
Para analistas, el caso refleja nuevamente las pugnas internas dentro de la estructura sandinista y el creciente control que Rosario Murillo ejerce sobre las instituciones del Estado, incluso sobre figuras que durante años ocuparon posiciones clave dentro del aparato judicial nicaragüense.
