El Movimiento Campesino de Nicaragua presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares en favor de Pedro Javier Fernández Sandoval, ciudadano nicaragüense y residente costarricense, detenido desde el 27 de febrero de 2025 en Costa Rica, en el marco de un proceso de extradición solicitado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La organización denuncia que la detención de Fernández Sandoval “se produjo mediante engaños” y que, tras más de cinco meses recluido en el Centro de Atención Institucional (CAI) San José, enfrenta un riesgo inminente de sufrir daños irreparables si es enviado a Nicaragua. Según la petición, de concretarse la extradición, correría peligro real de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada o incluso la muerte.

La familia del opositor advierte que su estado de salud se ha deteriorado gravemente: padece depresión, presenta síntomas compatibles con un derrame cerebral debido al estrés y la incertidumbre, y ha sido sometido a restricciones adicionales, como limitar las visitas familiares a una vez al mes.

Temor por destino en Nicaragua

El Movimiento Campesino recordó que la CIDH ha documentado que la tortura en Nicaragua es una práctica sistemática contra la disidencia. Casos recientes lo confirman: Douglas Gamaliel, extraditado desde Costa Rica en febrero de 2024, permanece en condición de desaparición forzada y ha sido víctima de torturas; mientras que Reinaldo Picado Miranda evitó la extradición gracias a medidas cautelares concedidas por el organismo.

En su solicitud, el Movimiento Campesino pide que la CIDH requiera al Estado costarricense abstenerse de deportar, expulsar o extraditar a Fernández Sandoval, en cumplimiento del principio internacional de non-refoulement, que prohíbe enviar a una persona a un país donde su vida o integridad estén en peligro.

Asimismo, la organización exige a las autoridades de Costa Rica no facilitar la persecución transnacional impulsada por la dictadura Ortega-Murillo, garantizar los derechos humanos de Fernández Sandoval y proceder a su liberación inmediata.