El Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) vuelve a quedar en el centro de la controversia tras la difusión de fotografías de pacientes en procedimientos médicos sensibles, utilizadas en publicaciones oficiales con fines propagandísticos. Las imágenes, tomadas en el Hospital Alemán Nicaragüense, muestran a personas sometidas a ultrasonidos incluidos exámenes abdominales y de mama con el torso descubierto y, en algunos casos, con el rostro claramente identificable.

La publicación de este material ha generado una ola de críticas de juristas, personal médico y defensores de derechos humanos, quienes advierten que se trata de una violación directa a la Ley General de Salud (Ley 423), que protege el derecho a la privacidad, confidencialidad y dignidad de los pacientes.

De acuerdo con la normativa vigente, toda información médica, así como imágenes obtenidas durante la atención sanitaria, forman parte del secreto profesional y no pueden ser divulgadas sin el consentimiento informado, libre y expreso del paciente. La ley establece que incluso con autorización, la difusión debe cumplir criterios estrictos de necesidad, respeto y protección de la identidad, condiciones que claramente no se cumplen en este caso.

Especialistas en bioética señalan que el uso de imágenes de pacientes con fines políticos o propagandísticos constituye una instrumentalización de la vulnerabilidad, especialmente grave cuando se trata de personas que acuden a hospitales públicos en contextos de necesidad, dependencia o temor a represalias.

“El paciente no está en una posición de igualdad frente al Estado. Existe una relación de poder que hace cuestionable cualquier supuesto consentimiento”, advirtió un profesional de la salud que pidió anonimato por temor a represalias.

El caso también pone en evidencia la creciente politización del sistema de salud, donde hospitales y personal médico son utilizados como vitrinas del discurso oficial, incluso a costa de derechos fundamentales. En los últimos años, el Minsa ha incrementado la publicación de imágenes y contenidos institucionales con mensajes partidarios, sin mecanismos claros de control ético o legal.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha emitido una explicación pública ni ha informado si se inició alguna investigación interna sobre la obtención y difusión de las imágenes. Tampoco se ha aclarado si los pacientes fueron informados adecuadamente sobre el uso de su imagen ni bajo qué condiciones se habría otorgado un eventual consentimiento.

Para organizaciones de derechos humanos, este episodio se suma a una lista creciente de abusos institucionales normalizados, donde la legalidad queda subordinada a la propaganda y la dignidad humana es tratada como un recurso prescindible.

La exposición de pacientes no solo vulnera la ley, advierten, sino que erosiona la confianza en el sistema de salud y refuerza un clima de miedo, silencio y sumisión dentro de los servicios públicos.