La doctora Sonia Castro: La ministra sicaria de Daniel Ortega

La doctora Sonia Castro será recordada por los nicaragüenses como la “ministra sicaria del dictador Daniel Ortega”, por ordenar a los hospitales públicos y privados, negar la atención médica a los manifestantes heridos durante las protestas de 2018.

ESCENARIO NACIONALNACIÓNREPORTAJE

Darío Medios 6

3/17/20255 min read

La doctora Sonia Castro es probablemente una de las funcionarias más repudiadas en Nicaragua, pero también una de las favoritas de la codictadora Rosario Murillo, la mujer que en sus ansias de poder ha cometido crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses.

Castro suele verse como una mujer sencilla. Normalmente viste cómoda con zapatos tenis, jeans y camiseta, pero detrás de lo que parece una funcionaria beligerante hay una fiel orteguista muy desalmada, que faltándole al juramento hipocrático que una vez hizo al graduarse en medicina general, donde prometió salvar vidas sin importar quien fuera.

En abril de 2018, siendo la ministra de salud, faltó a su juramento y su fanatismo a la dictadura la llevó a negarle la atención médica a Alvarito Conrado, un adolescente en peligro de muerte que había recibido un disparo en la garganta cuando entregaba agua a los universitarios que protestaban en los alrededores de la catedral de Managua. Este crimen no es conjetura, es real.

La doctora Sonia Castro, es originaria de Diriamba, Carazo, aunque estudió Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua. Se especializó como ginecóloga e hizo estudios en Cuba.

Su primer cargo fue la subdirección del centro de salud de Waslala, allí supuestamente quisieron matarla.

Ordenó negar atención a manifestantes heridos

Castro es señalada de un crimen horrible. En pleno fragor de las manifestaciones contra el gobierno, ordenó a todos los centros hospitalarios públicos y privados a no atender a los manifestantes heridos. La orientación causó desconcierto en todas las unidades médicas de Nicaragua donde llegaban manifestantes heridos.

El 20 de abril, dos días después de iniciadas las protestas contra las abusivas reformas al Seguro Social en Nicaragua, el adolescente Álvaro Conrado, de 15 años, llegó al Hospital Cruz Azul en Managua con un balazo en la garganta.

Cuando el vehículo que lo trasladó se abrió para sacarlo, el personal de salud de ese centro cerró las puertas y no lo atendió. Así que fue llevado a otro centro médico, pero murió a las pocas horas.

El personal de salud respondía a la orden de Castro, traicionaban su juramento hipocrático y lo dejaron morir. A casi 7 años de aquel salvaje acto, loas nicaragüenses mantienen el mismo repudio y desprecio hacia quienes dejaron morir al menor.

No es la primera vez que niega atención médica

La ginecóloga Sonia Castro fue nombrada ministra de Salud en marzo de 2010, siendo la tercera persona en ocupar ese cargo desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007.

Es conocida por su lealtad al Frente Sandinista, y fue destituida como titular y nombrada “ministra asesora” en julio de 2019, después de haber sido sancionada por los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá.

Cuando Castro dio la orden de negar asistencia médica a manifestantes de 20218, no era la primera vez que lo hacía.

Según el extinto El Nuevo Diario, en 1992, un grupo de “contras” llegó con la misión de secuestrarla y asesinarla, porque en la Nochebuena de ese año, se habría negado a atender las heridas de un desmovilizado de la Contra.

El herido fue sacado a la calle y murió desangrado, eso casi le cuesta la vida, pero se salvó.

Luego llegó el 2018, y al frente del Ministerio de Salud (Minsa), Castro ordenó no atender a los heridos causados por la brutal represión policial y paramilitar. En el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA), de la ciudad de León no todos le obedecieron.

Varios médicos denunciaron que Castro ordenó a la doctora Judith Lejarza, directora del hospital, cerrar las puertas a los manifestantes heridos y permitir el ingreso inmediato de policías a los quirófanos.

Después de eso hubo una cascada de despidos, médicos especialistas y médicos generales, enfermeras, fueron lanzadas a la calle por cuestionar la orden asesina de Sonia Castro, también señalada por organismos de derechos humanos de cometer crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses.

Internacionalmente condenada

Estados Unidos y Canadá sancionó a Sonia Castro por corrupta y violadora de derechos humanos en Nicaragua.

En el año 2018, John Bolton, asesor de seguridad del presidente Donal Trump, quien para esa época ejercía un primer mandato en los Estados Unidos, aseguró que las sanciones de ambos países eran un esfuerzo conjunto para defender la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental.

“La acción de hoy está dirigida a los funcionarios del gobierno nicaragüense que persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales, promulgan leyes represivas, silencian a los medios de comunicación y niegan atención médica al pueblo nicaragüense”, aseguró en esa ocasión el Departamento del Tesoro.

Castro fue sancionada en esa ocasión junto a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, Orlando Tardencilla (ahora fallecido) exdirector de Telcor y Oscar Mujica, ministro del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

“No dudaremos en tomar medidas contra aquellos que perpetúan la opresión o apuntalan el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”, dijeron los funcionarios estadounidenses al momento de imponer las sanciones a los funcionarios orteguistas.

Otros sancionados

Castro se unía a la lista de sancionados junto con la codictadora Rosario Murillo, su hijo, Laureano Ortega, y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional.

Aunque ella desmintió esa versión, los familiares de las víctimas sostienen lo contrario, como el caso de la madre de Álvaro Conrado, quien murió desangrado tras recibir un disparo en la garganta.

Dictadura ha intentado “lavarle la cara”

Posterior a las sanciones que pesan sobre Sonia Castro, el régimen sandinista ha intentado “lavarle la cara” a la sancionada Sonia Castro con la emergencia de los huracanes Eta e Iota, dos fenómenos que azotaron el caribe nicaragüense en noviembre de 2020.

Allí fue vista chineando niños, abrazando de comunitarios, cargando termos mientras subía una cuesta.

La imagen de la ministra asesora presidencial en temas de salud, Sonia Castro González, se veía en las fotos de los medios del gobierno durante su visita a las comunidades afectadas por el huracán Iota.

En esa ocasión Castro lideraba la brigada médica enviada a la zona, designada por Murillo, para visitar casas y reunirse con líderes comunitarios, mientras es seguida por oficiales de la Policía Nacional.

Poco después de esa jornada, Rosario Murillo se encargó de destacarla en su alocución de medio día, recordando que Castro estuvo recorriendo en pangas, visitando a las comunidades, exaltando sus recorridos por comunidades como Jinotega y Matagalpa, sus reuniones con líderes indígenas, miembros de la comunidad y religiosos de los territorios indígenas de San José de Bocay.

Pero fracasan en el intento de humanizarla, incluso Félix Maradiaga, un opositor desterrado y desnacionalizado, compara a Sonia Castro con la “Mengele de Daniel Ortega”.

La referencia de Maradiaga se refiere a Josef Mengele, el médico oficial de la Seguridad Secreta de la Alemania nazi, súbdito de Adolf Hitler, que realizó experimentos mortales con los prisioneros de los campos de concentración y exterminio del dictador alemán.

Sonia ha sido exactamente eso, una súbdita para la dictadura y desde su servilismo ciego ahora paga las consecuencias del repudio de un país.

Para Maradiaga, las sanciones que pesan sobre Sonia Castro, son un señalamiento directo de la comunidad internacional como copartícipe, y cómplice de crímenes de lesa humanidad.

Cargo inventado

Sonia Castro, fue nombrada ministra asesora de la Presidencia el 26 de julio de 2019, cargo que el Gobierno inventó al verse imposibilitado de mantenerla como ministra de Salud, después de un mes que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyera en la lista de sancionados por crímenes contra los derechos humanos.

Castro quedó marcada con las sanciones por ser cómplice de la dictadura durante el estallido social iniciado en abril de 2018, que dejó según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejó más de 355 personas asesinadas a manos de la Policía y paramilitares, quienes atacaron a mansalva a la población.