Investigaciones periodísticas revelan cómo el Ejército de Nicaragua consolidó, durante décadas, una red de negocios opacos y privilegios económicos que explican su lealtad absoluta a la dictadura, incluso frente a graves violaciones de derechos humanos.

El Ejército de Nicaragua se ha convertido en uno de los pilares fundamentales que sostienen en el poder a la familia dictatorial Ortega-Murillo. Sin embargo, esa fidelidad castrense no es gratuita ni casual. Está respaldada por millones de dólares acumulados durante décadas a través de negocios opacos, privilegios económicos y una red empresarial que opera bajo el amparo del secretismo y la impunidad.

Una investigación conjunta de las plataformas Nicaragua Investiga y Café con Voz expone que la institución armada no solo actúa como el principal guardaespaldas del régimen, sino que además administra un emporio financiero construido en alianza con Daniel Ortega desde los años noventa. En el centro de este entramado se encuentra el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), una entidad creada formalmente para garantizar seguridad social a militares y sus familias, pero que en la práctica se transformó en una poderosa estructura económica al servicio de la cúpula castrense y del entorno presidencial.

El origen del IPSM y la venta de armas

El origen del IPSM se remonta a la salida del general Humberto Ortega del mando del Ejército. Lejos de retirarse sin recursos, el entonces jefe militar gestionó la venta de armas de guerra en sus últimos meses al frente de la institución. Esos fondos, que sumaron millones de dólares, tuvieron dos destinos, según el experto en seguridad y defensa Javier Meléndez: una parte terminó en los bolsillos del propio Humberto Ortega y su círculo cercano, y otra sirvió para capitalizar el IPSM.

Aunque el instituto fue creado oficialmente en 1994, Meléndez sostiene que desde sus inicios dejó de funcionar como un fondo previsional para convertirse en una red de empresas al servicio de los altos mandos militares y del núcleo íntimo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta estructura, explica, permitió al Ejército consolidar un poder económico que explica su lealtad incondicional al régimen, incluso frente a denuncias internacionales por crímenes y abusos sistemáticos.

Opacidad y ausencia de fiscalización

Pese a que la ley obliga a la supervisión y fiscalización del IPSM, la institución ha operado durante años sin rendir cuentas. La única auditoría conocida fue presentada en 1995 por el entonces jefe del Ejército, Joaquín Cuadra, quien reportó un capital de cinco millones de dólares. Desde entonces, ningún otro jefe militar ha presentado informes públicos sobre el manejo de estos fondos.

En más de dos décadas, el IPSM solo entregó dos reportes a la Contraloría General de la República, correspondientes al período 2006-2009, elaborados por firmas privadas como Price Waterhouse Coopers y Deloitte & Touche. Ese último informe indicó que el capital del instituto pasó de 29.5 millones de dólares en 2002 a 72.3 millones en 2009. Sin embargo, fuentes militares consultadas por otros medios estimaron en 2019 que la riqueza real del IPSM podría oscilar entre 90 y 100 millones de dólares, gran parte invertida en Estados Unidos.

Para analistas independientes, la ausencia de controles no es un descuido, sino una decisión política. José Ulloa, consultor de la Red Voces del Sur, sostiene que la Contraloría General de la República ha renunciado a su función fiscalizadora y actúa bajo las directrices de la pareja presidencial, consolidando un entorno de impunidad que permite al Ejército manejar sus negocios sin transparencia.

Un modelo que blinda al régimen

Meléndez advierte que ni siquiera es posible calcular con precisión el capital actual del Ejército, ya que muchas de las empresas documentadas en el pasado han desaparecido o cambiado de nombre, mientras otras nuevas han surgido fuera de todo escrutinio público. A su juicio, el modelo de gestión del IPSM es uno de los más corruptos de América Latina y representa una amenaza directa para la democracia y la transparencia, no solo en Nicaragua, sino en toda la región.

El involucramiento del Ejército en negocios multimillonarios, lejos de ser un fenómeno aislado, explica por qué la institución armada se mantiene firme como sostén del régimen. La protección a la familia Ortega-Murillo no se ejerce únicamente con fusiles y tropas, sino también mediante un entramado financiero que garantiza privilegios, poder y supervivencia política a cambio de obediencia absoluta.