La Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua continúa incumpliendo una norma del Banco Central de Nicaragua BCN que prohíbe expresamente el uso de monedas extranjeras para fijar precios y realizar cobros en el país, al mantener sus tarifas expresadas en dólares estadounidenses.

Desde enero de 2025, está vigente una resolución del BCN que obliga a todas las instituciones públicas y privadas a cobrar y comunicar sus tarifas en córdobas, con el objetivo de fortalecer el uso de la moneda nacional. No obstante, Migración mantiene una estructura tarifaria dolarizada que aplica tanto a nacionales como a extranjeros, sin ajustarse a lo dispuesto por la normativa.

Entre los servicios que siguen siendo tarifados en dólares figuran el formulario migratorio general (US$1.00), el pasaporte ordinario (US$21.56), pasaportes para menores de edad (US$10.77), y la reposición de pasaporte extraviado (US$75.00). También se cobra en dólares la agilización del pasaporte, con precios que van desde US$2.87 hasta US$8.62, dependiendo de la urgencia del trámite.

Además, el trámite de visa de salida incluye montos como US$8.62 por tres meses, US$17.24 por seis meses y US$34.49 por un año. A esto se suman cobros por fotocopias de expedientes (hasta US$50.00), traslados de documentos (US$1.43) y multas por infracciones migratorias, que pueden alcanzar hasta los US$1,000.

Cobros en córdobas, pero sin transparencia

Aunque en la práctica los pagos pueden realizarse en córdobas al tipo de cambio oficial diario, el hecho de que las tarifas sigan publicadas exclusivamente en dólares constituye una violación directa a la resolución del Banco Central, que exige no solo el cobro en moneda nacional, sino también su publicación visible y transparente en córdobas.

Esta omisión abre la puerta a prácticas discrecionales, cobros irregulares y falta de claridad para los usuarios, especialmente en un país donde la volatilidad económica ha llevado al propio Estado a priorizar el fortalecimiento de su moneda.

El incumplimiento de esta normativa por parte de una entidad estatal como Migración también deja en evidencia la doble moral institucional, donde el discurso oficial sobre soberanía económica contrasta con la persistencia de prácticas dolarizadas en servicios básicos. La persistencia en cobros dolarizados expone a usuarios a discrecionalidad y opacidad, pese a resolución oficial que exige tarifas en córdobas.