Concesiones por 25 años en Managua

La Procuraduría General de la República, a través de la Dirección General de Minas, otorgó en febrero de 2026 tres nuevas concesiones de exploración y explotación de minerales no metálicos a la empresa GPC Productos de Concreto de Nicaragua S.A. Las áreas concesionadas superan las 130 hectáreas y se ubican en los municipios de Ciudad Sandino y Mateare, en el departamento de Managua.

Los derechos concedidos tienen una vigencia de 25 años y otorgan exclusividad para la extracción de materiales, así como la posibilidad de instalar plantas de procesamiento dentro de los terrenos asignados. A cambio, la empresa deberá cancelar derechos de vigencia por hectárea y una regalía equivalente al 3% del valor de los minerales extraídos, según lo establecido en el acuerdo administrativo.

Aunque en apariencia se trata de un procedimiento regulado por la legislación minera, el otorgamiento de estas concesiones ha reactivado un debate más amplio sobre el papel de estructuras empresariales vinculadas al Ejército de Nicaragua en actividades económicas de gran escala.

El entramado empresarial bajo cuestionamiento

Investigaciones periodísticas publicadas por medios independientes como Nicaragua Investiga y Café con Voz han vinculado a GPC Productos de Concreto de Nicaragua S.A. con un conglomerado empresarial asociado al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), entidad que administra los fondos de seguridad social del Ejército.

De acuerdo con esos reportes, el teniente coronel Marvin Antonio Briceño Rivas figura como beneficiario final en al menos ocho empresas que formarían parte de este entramado corporativo, entre ellas GPC, Obrinsa, Coniasa, Concrenic, Seitsa y Farcosa. Según las investigaciones, estas estructuras empresariales habrían sido utilizadas para canalizar inversiones y generar ingresos que fortalecerían el patrimonio del IPSM.

El modelo descrito apunta a una diversificación de inversiones en sectores estratégicos como construcción, infraestructura y ahora minería, ampliando la presencia económica de entidades vinculadas al aparato militar.

Silencio institucional

Hasta el momento, el Ejército de Nicaragua no ha emitido una posición pública sobre las nuevas concesiones ni sobre los señalamientos que relacionan a estas empresas con el IPSM.

El silencio se produce en un contexto donde el rol de instituciones estatales y militares en actividades económicas ha sido objeto de creciente escrutinio, tanto a nivel nacional como internacional.

Un poder económico con implicaciones políticas

El papel del Ejército dentro de la estructura de poder del país ha sido también observado por gobiernos extranjeros. El mayor general Leonel José Gutiérrez López, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM), fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro describió a la DICIM como una de las estructuras “más opacas y poderosas” dentro del aparato militar.

Washington sostiene que esta unidad trabaja de forma coordinada con la Policía Nacional y otras agencias de seguridad del Estado para garantizar el control político interno. Analistas señalan que Gutiérrez López es considerado una figura de confianza dentro de la estructura militar y con peso estratégico en decisiones de seguridad e inteligencia.

En este escenario, el fortalecimiento de estructuras empresariales vinculadas al IPSM no solo tiene implicaciones financieras, sino también políticas, al consolidar fuentes de recursos que operan en paralelo al presupuesto estatal tradicional.

Un debate que vuelve al centro

El gobierno de Estados Unidos ha mantenido una postura crítica respecto al rol de instituciones estatales y militares en actividades económicas vinculadas a la dictadura Ortega-Murillo, señalando la falta de transparencia y los riesgos de concentración de poder.

Las nuevas concesiones mineras vuelven a colocar el tema en el centro del debate: hasta qué punto las actividades empresariales asociadas al aparato militar representan una estrategia de blindaje financiero en un contexto de sanciones y presión internacional.

Mientras tanto, el subsuelo se convierte en otro espacio donde confluyen recursos naturales, intereses económicos y estructuras de poder.