Expresidente panameño consigue asilo en Colombia tras un polémico refugio en la embajada de Nicaragua en Panamá

El expresidente y prófugo de la justicia de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014), condenado por corrupción en su país, logró finalmente burlar la justicia panameña y salir del país con ayuda diplomática, tras recibir asilo político en Colombia.

La fuga del exmandatario —refugiado desde febrero de 2024 en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá— se concretó este sábado, en un operativo coordinado con total discreción entre la dictadura de Daniel Ortega y el gobierno del colombiano Gustavo Petro.

"Aquí en Bogotá con asilo político por ser un perseguido político. No sabía lo bello que es Bogotá. Le doy las gracias a los Gobiernos (dictadura) de Nicaragua y Colombia por haberme recibido en sus bellos países", escribió Martinelli en redes sociales, acompañado de una foto con su perro Bruno, como si se tratase de un simple viaje turístico y no de un escándalo de evasión internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores panameño informó que la decisión fue comunicada formalmente por el presidente colombiano Gustavo Petro al mandatario panameño José Raúl Mulino. La Cancillería de Panamá emitió entonces el salvoconducto requerido, permitiendo que Martinelli abandonara la embajada nicaragüense en un vehículo diplomático, para luego volar a Bogotá.

Salvoconducto genera críticas internacionales

Panamá justificó su actuación citando las convenciones de asilo político firmadas en 1928 y 1933. Sin embargo, la entrega del salvoconducto a un condenado por corrupción que se encontraba interfiriendo activamente en la política desde una sede diplomática extranjera ha generado preocupación y críticas dentro y fuera del país.

El asilo de Martinelli se produce tras un complejo y controversial episodio diplomático que comenzó cuando, en febrero de 2024, el exmandatario buscó refugio en la embajada de Nicaragua, inmediatamente después de ser sentenciado a más de 10 años de prisión y a pagar una multa millonaria por el caso New Business, que lo vincula con la compra ilícita de un conglomerado de medios usando fondos públicos.

El anterior gobierno panameño, encabezado por Laurentino Cortizo, se negó a facilitar la salida de Martinelli, denunciando públicamente el uso indebido de la embajada nicaragüense como plataforma política.

Fue recién con la llegada de José Raúl Mulino —sucesor designado dentro del propio partido de Martinelli, tras su inhabilitación electoral— que se abrió la puerta a una salida negociada.

Nicaragua rechaza recibir a Martinelli por búsqueda de Interpol

El primer intento de trasladar a Martinelli a Nicaragua fracasó en marzo de este año, luego de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo detuviera el proceso alegando una posible alerta roja de Interpol, que las autoridades panameñas ya habían declarado inexistente.

Tras ese escándalo, el segundo salvoconducto fue gestionado con absoluto hermetismo y solo se supo de su existencia cuando Martinelli ya había puesto pie en Colombia.

El exmandatario, de 73 años, no solo carga con la condena del caso New Business. También enfrenta otras acusaciones vinculadas al escándalo de sobornos de Odebrecht y procesos en España por corrupción y espionaje ilegal.

La salida de Martinelli deja en evidencia la red de protección entre gobiernos autoritarios de la región que se sirven del asilo político como instrumento de impunidad. La complicidad del régimen de Daniel Ortega, al prestarse a cobijar a un condenado por corrupción y facilitar su evasión, refuerza su historial de socavar la justicia y blindar a aliados políticos. El silencio de Managua ante la gravedad del caso reafirma su desprecio por el Estado de derecho.