Mal paga Murillo (El diablo) a quien bien le sirve
El triste final de los asesinos paramilitares de Rosario Murillo
ESCENARIO NACIONALNACIÓNPOLÍTICA
DaríoMedios Internacional
10/10/20269 min read
Osama Hefzi Mohammad Abushihab, un palestino-jordano nacionalizado nicaragüense, empresario en León y señalado por sus presuntos vínculos con los grupos paramilitares que participaron en la represión de 2018, habría terminado detenido y deportado a Jordania después de denunciar las torturas que, según su testimonio, sufrió su hijo bajo custodia de la Policía sandinista.
Su historia retrata la suerte de quienes estuvieron vinculados al aparato represivo de la dictadura Ortega-Murillo y acabaron enfrentados a las mismas estructuras que contribuyeron a sostener. El caso de Mohammad se suma a una lista de operadores políticos, mandos policiales y militantes históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que han perdido el favor de Rosario Murillo, algunos de ellos encarcelados por órdenes atribuidas a la codictadora.
La purga ha alcanzado a antiguos cuadros del sandinismo en León, figuras señaladas por su participación en la represión de 2018 y dirigentes que durante años ocuparon posiciones de confianza. Fidel Domínguez, Camilo Báez, Evertz Antonio Delgadillo Moreno, Fernando Arnoldo Montes Quintanilla y Evertz Cárcamo figuran entre los nombres vinculados a esta sucesión de detenciones, desplazamientos y conflictos internos.
Del paramilitarismo a la denuncia contra la Policía sandinista
Mohammad desarrolló actividades empresariales en León y ha sido señalado por sus presuntos vínculos con los llamados Cadejos de la Revolución, un grupo asociado con las estructuras paramilitares que actuaron durante la represión de 2018.
Su nombre volvió a aparecer tras denunciar los presuntos abusos cometidos contra su hijo, Rammy Shihab Reyes, detenido por su supuesta participación en el asesinato del universitario Yasser Sair Mongrio.
Según la información difundida sobre el caso, Mohammad entregó a su hijo a las autoridades para que respondiera por la investigación del crimen. Sin embargo, posteriormente denunció que el joven habría sido sometido a descargas eléctricas y severas golpizas mientras permanecía bajo custodia de la Policía sandinista.
El empresario habría trasladado sus denuncias a la embajada de Jordania. Después, según las versiones difundidas, fue detenido y deportado a ese país, un desenlace que lo habría convertido en otro personaje enfrentado a las estructuras de poder de la dictadura.
La historia plantea una contradicción dentro del aparato represivo: quienes presuntamente estuvieron vinculados con grupos utilizados para ejercer violencia contra la población también pueden terminar bajo presión cuando sus intereses chocan con los de la cúpula.
Mohammad habría pasado de ser señalado por sus presuntos vínculos con los grupos paramilitares a denunciar los abusos que atribuye a las fuerzas policiales de la dictadura. Su caso requiere esclarecer las circunstancias de su detención y deportación, así como las denuncias de tortura formuladas contra la Policía sandinista.
El asesinato de Yasser Sair Mongrio bajo investigación
Rammy Shihab Reyes ha sido señalado por su presunta participación en el asesinato a tiros de Yasser Sair Mongrio, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León (UNAN-León), en el reparto Azarías H. Pallais.
De acuerdo con la información difundida sobre el crimen, otros dos sospechosos continuarían prófugos.
El caso mantiene dos asuntos de gravedad: el asesinato del universitario y las denuncias de tortura formuladas por el padre de uno de los sospechosos. Ambos requieren esclarecimiento, pero las acusaciones contra un detenido no justifican los abusos bajo custodia ni eximen a la Policía sandinista de responder por las actuaciones de sus agentes.
La denuncia de Mohammad coloca bajo escrutinio a las estructuras de seguridad de la dictadura en León, un departamento donde operadores partidarios, mandos policiales y personas señaladas por sus vínculos con grupos paramilitares han sido relacionados con la represión de 2018.
Su presunta deportación también abre interrogantes sobre las circunstancias en las que se produjo y sobre las razones por las que un empresario que, según las denuncias, tenía vínculos con estructuras afines al sandinismo terminó fuera del país después de denunciar abusos policiales.
Fidel Domínguez: el jefe policial señalado por la represión en León
Fidel Domínguez, exjefe de la Policía sandinista en León, es uno de los nombres más conocidos entre los operadores represivos que posteriormente perdieron sus posiciones dentro de la estructura de poder.
Durante su trayectoria al frente de la Policía en ese departamento, Domínguez fue señalado por denuncias de persecución, detenciones arbitrarias y torturas contra opositores. Su nombre también quedó asociado a las investigaciones internacionales sobre la represión ejecutada por las estructuras de la dictadura.
El Departamento de Estado de Estados Unidos lo sancionó, y su trayectoria ha sido vinculada a los señalamientos sobre responsables de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. En abril de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas publicó una lista de 54 funcionarios y otros actores vinculados con la estructura de represión. Las responsabilidades individuales deben establecerse con base en los señalamientos específicos contenidos en los informes correspondientes.
En marzo de 2025, Domínguez fue enviado a retiro junto con Jaime Antonio Vanegas Vega, quien ocupaba el cargo de inspector general de la Policía Nacional. La salida de ambos marcó un cambio dentro de la cúpula policial de la dictadura.
Posteriormente circularon informaciones sobre una posible detención de Domínguez. DaríoMedios Internacional publicó que una fuente judicial aseguraba que había sido arrestado y trasladado a la cárcel La Modelo. Su situación no quedó confirmada oficialmente en todas las informaciones disponibles.
El retiro y los reportes sobre su posible encarcelamiento alimentaron las interrogantes sobre su caída en desgracia. El exjefe policial que ejerció autoridad en León y fue señalado por su actuación durante los años de represión terminó envuelto en informaciones sobre su propia detención.
Su salida de la estructura policial no borra las denuncias acumuladas durante su trayectoria ni sustituye la investigación de los abusos atribuidos a los agentes bajo su mando.
Camilo Báez: otro nombre entre los operadores purgados
El operador político Camilo Báez también figura entre los nombres señalados en las denuncias sobre las purgas internas atribuidas a Rosario Murillo.
Según la información difundida sobre su caso, Báez fue detenido después de perder el favor de la cúpula. Su nombre se suma al de otros antiguos operadores que, tras ocupar posiciones de influencia dentro de las estructuras del sandinismo, terminaron apartados o bajo custodia.
Las purgas han alcanzado tanto a figuras vinculadas con los aparatos policiales como a dirigentes partidarios que participaron en las redes de control político y territorial del FSLN.
El caso de Báez debe leerse dentro de esa dinámica de disputas y desplazamientos, aunque las circunstancias específicas de su detención y las órdenes que habrían conducido a ella requieren documentación adicional.
Septiembre de 2025: Murillo amplió la lista de los purgados
En septiembre de 2025 comenzó a engrosarse la lista de antiguos cuadros sandinistas alcanzados por las detenciones y purgas de la dictadura.
Rosario Murillo formalizó acusaciones por «traición a la patria» contra Evertz Antonio Delgadillo Moreno, exsecretario político departamental del FSLN en León, y Fernando Arnoldo Montes Quintanilla, exvicerrector de Vida Estudiantil de la UNAN-León.
Ambos fueron detenidos el 19 de septiembre de 2025 y, según los reportes publicados sobre sus casos, permanecían recluidos en el Centro Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Tipitapa.
La dictadura judicializó rápidamente ambos casos. Delgadillo había ocupado durante años una posición de peso dentro de las estructuras partidarias de León, mientras Montes Quintanilla había ejercido funciones universitarias en la UNAN-León.
La detención de ambos evidenció que las purgas también alcanzan a antiguos cuadros con trayectoria dentro del aparato sandinista. Quienes ocuparon cargos de confianza y participaron en las estructuras políticas del FSLN no quedaron al margen de las acusaciones y el encarcelamiento cuando pasaron a ser objeto de las decisiones de la cúpula.
Delgadillo, además, fue señalado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas entre los funcionarios vinculados con graves violaciones de derechos humanos. Su encarcelamiento posterior por orden de la dictadura no elimina los señalamientos sobre su actuación anterior, del mismo modo que las acusaciones oficiales contra él y Montes deben examinarse en función de sus fundamentos y del debido proceso.
Evertz Cárcamo: de diputado sandinista a detenido en El Chipote
La lista también alcanzó a Evertz Cárcamo, exdiputado, exvicealcalde de Managua y creador del conocido programa televisivo La Cámara Matizona.
Cárcamo fue detenido en marzo de 2026 y trasladado al centro de detención conocido como El Chipote, según informaciones periodísticas que confirmaron su arresto a través de fuentes cercanas a su entorno.
La detención se produjo después de que protagonizara enfrentamientos públicos con tiktokers sandinistas y expresara críticas al entorno oficialista, según las versiones difundidas sobre su caída en desgracia. Sin embargo, las razones oficiales de su captura no fueron informadas públicamente en los reportes iniciales.
Su caso amplió la lista de antiguos militantes sandinistas que terminaron bajo custodia de la dictadura después de entrar en conflicto con sectores del propio oficialismo.
Cárcamo había ocupado cargos públicos y construido un perfil mediático dentro del sandinismo. Su detención expuso la vulnerabilidad de los antiguos cuadros cuando dejan de mantener una relación de confianza con la cúpula o sus intervenciones públicas se convierten en un problema político.
El Chipote, centro de detención de la Dirección de Auxilio Judicial, se ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos de la represión política en Nicaragua, debido a las denuncias de detenciones arbitrarias, incomunicación y malos tratos contra personas consideradas adversarias de la dictadura.
Las purgas también alcanzaron a otros dirigentes de León
Las tensiones dentro del sandinismo leonés no comenzaron con las detenciones de septiembre de 2025. En años anteriores se registraron disputas por el control político departamental, desplazamientos y cambios en las posiciones de dirigentes históricos.
Evertz Delgadillo, antes de su detención, ya había atravesado tensiones dentro de la estructura partidaria. Los exalcaldes Tránsito Téllez y Manuel Calderón también fueron mencionados en reportes periodísticos como figuras relegadas dentro de las estructuras del FSLN.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y uno de los dirigentes de mayor peso del oficialismo, apareció en informaciones periodísticas relacionado con gestiones para mediar en las tensiones internas de León. Las denuncias sobre una supuesta orden suya para purgar a antiguos militantes danielistas forman parte de las versiones sobre esas disputas, aunque no hay confirmación independiente suficiente para presentar esa orden específica como un hecho probado.
Estos episodios evidencian la existencia de conflictos dentro de las estructuras partidarias y la concentración de las decisiones en el círculo de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La lista de purgados no se limita a quienes fueron encarcelados. También incluye a antiguos operadores desplazados de sus cargos, dirigentes que perdieron influencia y figuras que quedaron fuera de los espacios de confianza del oficialismo.
La Policía sandinista y el aparato de represión
Los casos de Mohammad y Domínguez, junto con las detenciones de antiguos cuadros sandinistas, sitúan a León en el centro de una historia marcada por la represión y las disputas internas.
La Policía sandinista ha sido señalada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos por su participación en detenciones arbitrarias, torturas y persecución política. En abril de 2025, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas identificó a 54 funcionarios y otros actores vinculados con la estructura represiva de Nicaragua y describió cadenas de mando y responsabilidades relacionadas con graves violaciones de derechos humanos.
En septiembre de 2026, nuevos pronunciamientos de expertos internacionales volvieron a señalar la actuación coordinada de instituciones policiales, judiciales y de inteligencia en la persecución de opositores, incluidas denuncias de tortura, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
Ese contexto permite comprender la gravedad de las denuncias relacionadas con el caso de Mohammad: las acusaciones de tortura contra la Policía sandinista no aparecen en un vacío, sino en un país donde las estructuras represivas han sido objeto de investigaciones internacionales sostenidas.
Al mismo tiempo, las purgas internas muestran que la persecución no ha afectado únicamente a opositores. Antiguos militantes, dirigentes y operadores del propio sandinismo también han terminado detenidos o desplazados cuando han entrado en conflicto con la cúpula.
Mal paga Murillo a quienes le sirvieron
Osama Hefzi Mohammad Abushihab habría terminado deportado a Jordania después de denunciar torturas contra su hijo. Fidel Domínguez perdió su posición al frente de la Policía sandinista en León y quedó vinculado a reportes sobre una posible detención. Camilo Báez figura entre los operadores señalados como purgados. Evertz Delgadillo, Fernando Montes Quintanilla y Evertz Cárcamo terminaron detenidos en distintos episodios que alcanzaron a antiguos cuadros del sandinismo.
Son historias diferentes, pero convergen en una misma realidad: la pertenencia al aparato de poder de Ortega y Murillo no garantiza protección permanente.
La dictadura ha utilizado estructuras policiales, operadores partidarios y grupos señalados por su participación en la represión. Sin embargo, algunos de quienes ocuparon posiciones de confianza han acabado desplazados, encarcelados o enfrentados a la propia cúpula.
Las purgas han golpeado a dirigentes históricos, mandos policiales y operadores políticos. Los señalamientos contra antiguos funcionarios no desaparecen con su caída en desgracia, y las detenciones ordenadas por la dictadura tampoco sustituyen la investigación de las denuncias de abusos y de los delitos atribuidos a cada uno.
La historia del palestino y las de los antiguos cuadros sandinistas reflejan el mismo escenario de concentración del poder, represalias y conflictos internos. Quienes sirvieron a la estructura represiva pueden terminar convertidos en objetivos de esa misma maquinaria.
La lealtad al círculo de Rosario Murillo no garantiza inmunidad ni protección. Cuando los antiguos operadores dejan de ser útiles, desafían a la cúpula o quedan atrapados en sus disputas, también pueden terminar en la lista de los purgados.
