El Grupo de Expertos de Naciones Unidas denunció que el viceministro del Ministerio del Interior (MINT), Luis Roberto Cañas Novoa y el secretario general de la Alcaldía de Managua y secretario político de Managua, Fidel Moreno Briones, son los responsables de prohibir el ingreso de los nicaragüenses a su propia patria.

En su más reciente informe, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, encargado de investigar la represión en Nicaragua en el contexto de la crisis político social del 2018, refiere que Luis Cañas y Fidel Moreno son los cómplices de los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, ambos encargados de prohibir el ingreso de los ciudadanos de ingresar a su tierra natal.

El informe denuncia que, al prohibir el ingreso de supuestos opositores, la dictadura pretende eliminar sistemáticamente las voces críticas. Sin embargo, las voces críticas no desaparecen, solo ha quedado en evidencia la paranoia de un régimen que se siente perseguido y no consigue la paz.

Líneas aéreas obligadas a dar información de pasajeros

Según el informe, las líneas aéreas o empresas de viajes terrestres mandan las listas de quienes intentan ingresar al país, luego hay una coordinación entre el Ministerio del Interior, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la Policía y Telcor para denegar el ingreso al país de nacionales, en respuesta a órdenes de la codictadora Rosario Murillo.

La prohibición arbitraria que deja en apatridia de facto a centenares de nicaragüenses es ejecutada Luis Roberto Cañas Novoa, un nefasto funcionario del Ministerio del interior y solicita información a Fidel Antonio Moreno Briones, el nefasto secretario del Frente Sandinista sobre determinadas personas que quiere entrar al país.

Allí entra la participación de la Dirección de Inteligencia de la Policía y de Telcor, elaboran un perfil de la persona que es enviado a Cañas Novoa, quien finalmente decide si la persona ingresa o no a Nicaragua, cumpliendo las órdenes de la codictadora.

El Grupo de Expertos concluyó que esta práctica, que se intensificó a partir de 2021 y se consolidó tras la expulsión masiva de 222 personas en febrero de 2023, se ha convertido en una herramienta clave para silenciar voces disidentes y castigar a quienes son vistos como una amenaza al statu quo.

Nicaragüenses radicados en el extranjero también son afectados

La apatridia de facto impuesta por la dictadura, también afecta a los nicaragüenses que residían en el extranjero por motivos personales o laborales y que deseaban regresar, como a aquellos que mantenían lazos con el país a través de sus familias.

El Grupo de Expertos documentó 259 casos de nicaragüenses a quienes se les ha prohibido el ingreso al país, 114 de ellos desde marzo de 2024. Sin embargo, hay un subregistro pues muchas víctimas no denuncian para que sus familias en Nicaragua o sus bienes no corran riesgo.

Entre los principales grupos afectados se encuentran 81 familiares de personas expulsadas o privadas de su nacionalidad; 29 miembros de la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas; 22 casos de periodistas y comunicadores sociales.