Loria Raquel Dixon Braut Tigan, actual primera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ha construido su carrera política en el sandinismo proyectándose como una defensora de los derechos de la Costa Caribe y de la equidad de género. Sin embargo, su trayectoria revela una figura estrechamente alineada con los intereses de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en detrimento de la autonomía que alguna vez se comprometió a representar.

Mientras líderes caribeños como Brooklyn Rivera enfrentaron persecución y cárcel por resistirse al poder central, Dixon ha sido señalada por críticos como una “traidora” a la causa autonómica. Su silencio frente a los atropellos del régimen y su rol activo en la subordinación de la Asamblea Nacional al Ejecutivo refuerzan esa percepción.

En los medios oficialistas, Dixon es exaltada como promotora de la participación intercultural y de los derechos históricos de las comunidades de la Costa Caribe. No obstante, su firma en leyes represivas, como la Ley Especial de Ciberdelitos, desmiente esa imagen. La normativa, que defendió con fervor, ha sido denunciada por organismos de derechos humanos como un instrumento de censura que criminaliza la crítica ciudadana y limita la libertad de prensa en Nicaragua.

De la disidencia a la cooptación

El caso de Dixon no es aislado. El régimen Ortega-Murillo ha demostrado una habilidad sistemática para absorber a figuras que alguna vez defendieron derechos o autonomía regional. A través de prebendas, cargos políticos o la amenaza de persecución, líderes que en el pasado simbolizaron resistencia terminan convertidos en piezas funcionales de la maquinaria autoritaria.

Este fenómeno refleja un patrón más amplio en Nicaragua: el sandinismo en el poder utiliza el discurso de inclusión y justicia social para atraer aliados, pero una vez dentro, los somete a una lógica de obediencia absoluta. Quienes se resisten enfrentan el exilio, la cárcel o la marginación política; quienes ceden, como Dixon, terminan siendo parte del engranaje que legitima al régimen.

Lealtad incondicional al Frente Sandinista

La lealtad de Dixon al Frente Sandinista es absoluta. Desde su curul ha respaldado la concentración de poder del binomio Ortega-Murillo, alejándose de cualquier ejercicio independiente de representación. Ese alineamiento no ha pasado desapercibido fuera de Nicaragua: informes de sanciones internacionales la han vinculado con la represión y con violaciones a los derechos humanos.

El caso de Loria Dixon refleja las contradicciones del discurso sandinista. Aunque enarbola banderas de equidad y autonomía, sus acciones la sitúan como parte activa de un sistema que sofoca libertades y perpetúa la impunidad. Más que una defensora del Caribe nicaragüense, su figura se ha consolidado como engranaje fundamental en la maquinaria del poder autoritario.

Su historia es, en última instancia, un recordatorio de que la retórica política, por más vibrante que parezca, debe medirse frente a los hechos y a las consecuencias que genera en la vida de un país.