Una liberación que busca contener la crisis

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó el cambio de régimen penitenciario para el médico nicaragüense–costarricense Yerri Gustavo Estrada Ruiz, detenido desde el 13 de agosto por haber participado en las protestas de abril de 2018.

Estrada fue sacado de su celda el viernes 14 de noviembre y trasladado a su vivienda, donde permanece bajo vigilancia policial, restricciones de movilidad y la amenaza constante de ser regresado a prisión. No se trata de un acto humanitario; es una liberación condicionada, sin garantías de derechos ni autonomía.

Estados Unidos exigió una prueba de vida

La excarcelación ocurrió tras una inusual exigencia del Gobierno de Estados Unidos, que pidió públicamente una prueba de vida del médico ante denuncias de desaparición y tortura.

La Oficina de Asuntos del hemisferio occidental, en un mensaje replicado por la Embajada estadounidense en Managua, acusó directamente al régimen de arrestar, torturar brutalmente y desaparecer a Estrada por haber defendido la libertad durante manifestaciones pacíficas.

Presionado por esta denuncia internacional, Ortega optó por enviarlo a casa por cárcel, intentando reducir el costo político de la acusación.

Presos políticos como moneda de cambio

Analistas coinciden en que este movimiento responde a un cálculo político: el régimen está usando a los presos políticos como fichas negociables para tratar de frenar su posible expulsión del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR.

La maniobra no es nueva, pero sí ha cambiado de forma. En años anteriores, Ortega deportó o despojó de la nacionalidad a más de 300 opositores. Hoy, la estrategia es mantenerlos dentro del país, bajo control directo. Para la dictadura, un secuestrado tiene más valor que un desterrado a la hora de negociar con actores internacionales.

La liberación parcial de Estrada se suma a otras “pruebas de vida” enviadas en los últimos días, semanas antes de que Washington tome decisiones clave.

El CAFTA-DR: el talón de Aquiles del régimen

Este miércoles concluye la consulta pública de la investigación 301, un proceso que definirá si Nicaragua mantiene o pierde los beneficios del CAFTA-DR, el tratado que actualmente sostiene más del 60% de sus exportaciones. Tras recibir cientos de denuncias sobre confiscaciones, violaciones laborales, represión y prácticas coercitivas del régimen, Estados Unidos evaluará si Ortega y Murillo han incumplido las condiciones mínimas para seguir dentro del acuerdo.

Si Washington determina que Nicaragua ha violado de forma sistemática sus compromisos comerciales y de derechos humanos, el país podría enfrentar desde la suspensión parcial de preferencias arancelarias hasta la expulsión total del tratado. Cualquiera de los escenarios representaría un golpe devastador para las zonas francas, la agroexportación, el sector textil y la estabilidad financiera interna.

En este contexto, cada movimiento del régimen incluida la liberación de presos políticos es interpretado como un intento de contener una decisión que podría convertirse en el mayor revés económico para la dictadura.

Las consecuencias serían devastadoras:

Más del 60% de las exportaciones nicaragüenses dependen del mercado estadounidense.
Sin acceso preferencial, los productos enfrentarían aranceles de entre 20% y 35%, poniendo en riesgo sectores como zonas francas, maquilas, agroexportación y agroindustria.
Miles de empleos y la estabilidad financiera quedarían en riesgo inmediato.

Durante días, Estados Unidos ha intensificado la presión, enviando señales de que el comportamiento represivo del régimen tiene un costo económico directo.

Un régimen acorralado

A pesar del discurso desafiante desde El Carmen, fuentes cercanas al oficialismo describen un ambiente de temor y fragilidad. La liberación parcial de Estrada confirma que el régimen está reaccionando a la presión internacional, intentando aparentar “cooperación” mientras conserva intacto su aparato represivo.

Mientras tanto, decenas de presos políticos continúan en celdas del orteguismo, muchos incomunicados, enfermos o sometidos a torturas y aislamiento prolongado.

La excarcelación de Estrada, lejos de representar un avance real, evidencia el estado crítico en el que se encuentra el régimen frente a su mayor amenaza económica en años.